Observadores electorales de la UE hicieron su trabajo y no se quedarán con secretos sobre lo que vieron

Son 16 páginas demoledoras pese al lenguaje técnico y un tanto diplomático. Y se trata apenas de los comentarios preliminares. Pero la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea no dejó nada por fuera, al menos de lo visto hasta el momento: abuso de poder, desequilibrios, censura, ventajismo. Aunque reconoce que este es el CNE más equilibrado «de los últimos 20 años». ¿Los volverán a invitar?

Por: Oscar Médina | El Estímulo

o eran de palo los «mirones». En realidad no eran mirones y quedó claro. Tampoco estaban ni desorientados, ni perdidos en el espacio. Hicieron su trabajo. Y no parece que se vayan a quedar con secretos sobre lo que vieron. Eso, claro, en el caso de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. De los amigos invitados por el gobierno no se puede esperar otra cosa que aplausos. Pero esta misión encabezada por Isabel Santos, miembro del Parlamento Europeo (Portugal), tiene mucho que decir. Y ya empezaron.

Este martes 23 de noviembre, cuando todavía hay decisiones pendientes por parte del Consejo Nacional Electoral, la MOE UE presentó una declaración preliminar como anticipo a lo que será un jugoso informe final con las recomendaciones del caso que, se puede ver, serán muchas.

Santos advirtió de entrada: «La MOE UE es independiente en sus hallazgos y conclusiones y se adhiere a la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional firmada en las Naciones Unidas en octubre de 2005».

En 11 puntos resumen la declaración, partiendo de aquí: «El proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores».

Señalan, lo que ya se dijo desde antes con respecto a los llamados «alacranes» y el ya característico abuso de los recursos oficiales: «Entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que los utilizaron para presentarse a las elecciones. Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación».

Y rescata lo que se ofreció como mejora e incentivo para ir a votar, aunque una abstención de casi 60% pudiera indicar que no fue suficiente: «Sin embargo, una administración electoral más equilibrada, con representación de los partidos de la oposición y de la sociedad civil en la supervisión de las elecciones, la realización de numerosas auditorías en las distintas fases del proceso electoral, y una actualización más amplia del registro electoral mostraron una mejora de las condiciones. Además, los partidos de la oposición pudieron presentarse con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anteriormente suspendida».

La Misión destaca como debilidad institucional el hecho de que desde la oficina de la Contraloría se pueda suspender a alguien el derecho a ser candidato. Y va al grano en algo que a sus anfitriones no les gusta escuchar: «la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la equidad y transparencia de las elecciones».

Y apunta algo que incluso debió sorprenderles a ellos, tan circunspectos: «En estas elecciones, la suspensión del derecho de los candidatos afectó principalmente al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a los partidos disidentes de la coalición gobernante». Para luego dejar por sentado otra vieja queja en este país que tampoco es del agrado del poder: «las leyes sobre medios de comunicación, incluida la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y las disposiciones legales discrecionales sobre el discurso de odio limitaron la libertad de expresión y el derecho a la información».

Equilibrado, pero…

Esto no le gustará a quienes han controlado el CNE durante tanto tiempo, porque por contraste lo que deja establecido es que nunca hubo equilibrio: «El actual Consejo Nacional Electoral (CNE) se considera el más equilibrado de los últimos 20 años y la mayoría de sus decisiones se han tomado por consenso. Los cinco rectores lograron mejoras en componentes técnicos de las elecciones mediante el diálogo interno».

«Interlocutores de la MOE UE describieron este Consejo como el más equilibrado de los últimos 20 años. Muchos consideran que su nombramiento fue la medida más importante para restablecer la confianza en el CNE después de que los partidos de la oposición no participaran en las tres elecciones anteriores», dice el documento más adelante.

Sobre el CNE, reconocen un aspecto y dejan desnudo otro: «Auditores académicos consideraron que el sistema automatizado de votación ofreció suficientes garantías de integridad y secreto del voto. Las actividades de educación cívica y electoral fueron insuficientes y podrían haberse centrado más en el secreto del voto y en cómo cruzar el voto».

«El cronograma electoral de la CNE incluyó 16 auditorías de diferentes etapas del proceso electoral, desde el registro electoral y el sistema automatizado de votación hasta la configuración de las máquinas de votación antes de su despliegue a los estados. En la mayoría de estas auditorías estuvieron presentes representantes de los partidos políticos, así como observadores nacionales, lo que constituyó una importante medida de transparencia».

Las auditorías no mostraron irregularidades: «Expertos académicos de universidades venezolanas realizaron una auditoría exhaustiva del sistema automatizado de votación en junio y julio. La auditoría incluyó la configuración de las máquinas de votación, el sistema de totalización, el hardware y el dispositivo de identificación biométrica de los votantes, y la base de datos de huellas dactilares. La evaluación general de los expertos fue positiva y su informe final declaró que el sistema presentaba suficientes garantías para proteger la integridad del voto».

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