El ambiente se ha caldeado en Colombia. Quien le ha puesto las banderillas al presidente Gustavo Petro es el propio fiscal general y el cordobés exguerrillero pareciera tener todas las de perder. El altercado mediático de envergadura protagonizado por los dos funcionarios de mayor influencia en el país tiene un gran significado para entender la verdadera postura del gobernante en torno al álgido tema de la democracia en Colombia y los derechos humanos y se desató en medio de un periplo internacional presidencial que ha dado también mucho que hablar, no precisamente por sus aciertos verbales.

Está visto ya que el presidente es capaz de ponerle palabras a cualquier cosa que le pasa por la cabeza y utiliza la estridencia verbal como herramienta de comunicación. Esta vez se encontró de frente con otro altísimo funcionario, quien puso de relieve el desatino.

Petro fue capaz de enviarle un mensaje al fiscal Francisco Barbosa, que se hizo público a través de las redes, para puntualizar que constitucionalmente el jefe del Estado es el superior jerárquico del fiscal general, una equivocación inaceptable para un jefe de Gobierno. Este colosal error de concepto expuesto al más alto nivel en cuanto al tema de la división de poderes que impone la carta magna lo desnudó ante la colectividad de manera flagrante.

El presidente encabeza una rama del poder, el Ejecutivo, pero no tiene capacidad de imponerse sobre otros órganos del Estado, ni tampoco puede darle órdenes porque no existe entre ellos una relación de subordinación. Nos referimos a la Fiscalía, las Cortes y el Congreso. En una exposición a un medio de prensa, Barbosa puso la guinda en la torta cuando señaló que «su declaración -la del presidente Petro- implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República». La Corte, por su lado se vio obligada a poner los puntos sobre las íes y en un comunicado oficial pidió al mandatario “sensatez, respeto y cordura”. En este punto es bueno señalar que Barbosa no funge solo como fiscal general de la nación colombiana, sino como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales.

Así fue como los dos funcionarios con mayor influencia en el país se enzarzaron en una discusión de fondo, lo que resulta ser caldo ideal de cultivo para que buena parte del estamento militar también se animara a adversar en público al mandatario.

En efecto, esta semana la Plaza de Bolívar fue el escenario de una manifestación sin precedentes convocada por los militares retirados, veteranos, la reserva nacional y exintegrantes de la fuerza pública en defensa de la institucionalidad. Una buena parte de las pancartas que animaban el acto expresaban su apoyo a la separación de poderes que impera en el país. Expresaron claramente los manifestantes que Colombia, a esta hora, necesita más bien del sosiego y del equilibrio para que el Ejecutivo “pueda manejar dentro de la tranquilidad las muchas reformas que está planteando. Estas reformas que pueden impactar la libertad y el orden, son fundamentos del Estado y deben prevalecer”.

Es preciso agregar por igual, dado que reviste una relevancia especial, que el martes pasado, 13 fiscales de Iberoamérica firmaron un documento en el que rechazan los ataques del Petro contra Francisco Barbosa.

En fin, el asunto pica y se extiende. Barbosa, de quien se dice que tiene aspiraciones presidenciales, aprovechó una ocasión de oro para evidenciar uno de los lados flacos de un político al que pareciera que el cargo le queda grande. La intemperancia irreflexiva de Petro tiene un costo para su gobierno. Su posicionamiento insistente en este sonado caso debilita la existencia de un Estado de Derecho en Colombia. No parece este ser un giro bueno para la patria hermana.

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