La discriminación política se ha convertido en una triste realidad que afecta masiva y profundamente la vida de los ciudadanos venezolanos. Los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) consideran la discriminación política como un crimen que puede constituir un delito de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Estos actos incluyen asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o desplazamiento forzado, tortura, violación y persecución por motivos políticos (relacionada directamente con la discriminación política).

La discriminación política involucra la marginación, persecución, o trato desigual de individuos basada en sus opiniones políticas o afiliación a un grupo o partido político. En Venezuela, se han documentado numerosos casos de discriminación política, que van desde la exclusión de opositores de puestos públicos, la cancelación de partidos políticos y medios de comunicación críticos, hasta el acoso y la represión de manifestantes y activistas políticos. Los casos masivos más emblemáticos de esta ilegalidad política son la Lista Tascón y la reciente decisión del TSJ al  dejar sin efecto el resultado de las Elecciones Primarias.

En un país donde los fiscales generales de la República, son la mano derecha del gobierno, no puede esperarse que prevalezca el respeto o la defensa de los derechos humanos y políticos. Recuerdo que la señora Luisa Ortega Díaz, quien sirvió al gobierno durante una década, mantuvo una relación muy cercana con el gobierno de Hugo Chávez y respaldó la revisión de la permanencia de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e incluso propuso reemplazar este organismo a nivel latinoamericano, porque  “tenía una persecución sistemática contra el país desde 1999”, una verdadera ironía.

La gestión de Luisa Ortega Díaz refleja la compleja dinámica política en Venezuela y los desafíos en la administración de justicia,  donde quedan en evidencia las preocupaciones reales sobre la independencia del sistema judicial en nuestro país. En consecuencia, no es de extrañar que la Fiscalía de Saab (acusada de no cooperar plenamente con investigaciones internacionales sobre abusos de derechos humanos en Venezuela) asuma la acción de actuar penalmente contra el presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, violando desde la misma Fiscalía los derechos políticos de los venezolanos establecidos en el Artículo 62 de la Constitución de la República.

En Venezuela, la discriminación, la persecución y la desigualdad tienen asidero legal a través de La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el año 2017. Esta ley tiene como objetivo principal prevenir y sancionar discursos de odio, intolerancia y violencia en el país. Sin embargo;  ha sido objeto de críticas y controversia, tanto a nivel nacional como internacional, ya que se considera incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Se argumenta que la ley viola el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación política y la restricción de acceder a cargos públicos.

En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) con el propósito de investigar las violaciones manifiestas de los derechos humanos cometidas desde 2014. A medida que avanzamos hacia 2024, este organismo internacional ha presentado un nuevo informe que expone la situación crítica en Venezuela y resalta la necesidad de proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

El informe presentado el 20 de septiembre de 2023, revelaba un panorama desalentador al evidenciar  la intensificación de los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela. Estos ataques, según la MIIV, se llevan a cabo a través de políticas estatales que buscan silenciar a la oposición y reprimir cualquier tipo de crítica al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El informe destaca un alarmante número de violaciones de derechos humanos, que incluyen privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles e inhumanos. En un futuro cercano, a la violación de los derechos humanos también deberá sumarse la violación masiva de los derechos políticos, implementada tanto por la Fiscalía como por TSJ, al dejar “sin efecto” las elecciones primarias.

Ciertamente, la represión y la discriminación política en Venezuela persisten y se han vuelto más selectivas, afectando a personas de la sociedad civil como líderes sindicales, periodistas, candidatos, defensores de los derechos humanos y al votante común. La represión estatal ha adoptado diversas formas, desde amenazas y vigilancia constantes hasta difamación y censura; y más recientemente, hasta anularnos el derecho de organizarnos y votar según nuestra preferencia particular.

Anular la voluntad de elegir (de un ciudadano o de dos millones y medio), convierte al votante común, en víctima directa de la violación de los derechos políticos en el país. En tal sentido, el modo de actuar del gobierno después de las “negociaciones” en Barbados, están muy lejos de incidir en una transición democrática y pacífica que permita la reconstrucción de la independencia e imparcialidad del poder judicial, así como el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela.

El camino hacia la justicia es largo y complejo; la verdad, la justicia, la reparación y la prevención futura son fundamentales para sanar y reconstruir una sociedad afectada por crímenes de lesa humanidad y la discriminación. La lucha contra la desinformación y la defensa de los derechos humanos y políticos son pilares esenciales en este proceso de búsqueda de justicia. Para finalizar, es importante aclarar que el presente artículo de opinión refleja únicamente mi perspectiva personal y no representa la posición oficial de Unidad Visión Venezuela ni de ninguna otra entidad o organización.

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