Defensa Pública.

El gobierno del señor Maduro y los jueces que le acompañan en su actuar –coherentes con aquél- un muy flaco favor le hacen a ese órgano del Estado.

En todos los procesos penales en los cuales algún interés tiene la gestión que se desarrolla desde Miraflores, se le impide a quienes son imputados designar su defensa de confianza, imponiéndole por tanto al afectado la figura del defensor público, lo que sin ninguna duda genera suspicacia respecto de la decisión y afecta obviamente a esa institución.

Las convenciones internacionales que regulan la materia de derechos humanos, así como la mayoría de los países que integran la comunidad internacional –sino todos-  obligan al estado respectivo a respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y adicionalmente, el derecho del imputado a elegir el defensor de su confianza. Esa norma que debería ser de obligatorio cumplimiento, dentro de Venezuela no se cumple cuando el gobierno gira instrucciones al juez –en palmaria demostración de unidad de poderes- para que sea un defensor público el que realice la “defensa” respectiva.

Las comillas en el párrafo anterior no pueden resultar ofensivas para nadie y las mismas en ningún caso ese objetivo tiene. Se impide la defensa elegida voluntariamente porque de la que se escogió un objetivo predeterminado se espera, no puede ser otra la interpretación y eso hay que reconocerlo. Probablemente ella deriva de dos circunstancias posibles, la primera que quien la ejercerá no está protegido por la carrera judicial y por tanto su posición depende de lo que decidan sus superiores, o la otra –tan peligrosa como la primera- las simpatías políticas del designado contrarias probablemente a las del defendido que lo pueden llevar, dada la polarización interna, a privilegiar la primera en lugar de los sagrados intereses que debió defender.

 La situación que describo no solo es lamentable, también lo es peligrosa. Cualquier proceso desarrollado bajo esas condiciones es susceptible de nulidad futura y por ende implica responsabilidad pecuniaria para el Estado, aun cuando también lo es ciertamente para quienes a ese juego macabro se prestaron.

La democracia deberá hacer un trabajo de alta cirugía en ese servicio de defensa pública, para abrir concursos calificados que permitan integrar al mismo a capaces y preparados profesionales del derecho, comprometidos con la defensa de los derechos humanos pues si algún funcionario en eso debe estar cualificado es él, dado que optó por esa posición dentro de los procesos judiciales.

Todos tenemos derecho a elegir nuestro abogado de confianza, cualquiera sea el procedimiento en el cual estemos inmersos, por lo que la vulneración de ese derecho es inaceptable y en todo escenario debe ser expuesto públicamente. Dado que este es del cual dispongo, así lo hago. Es mi modesta contribución a que las cosas cambien.

Gonzalo Oliveros Navarro

@barraplural