En la agenda de la reunión del G20 realizado en Roma el pasado fin de semana y la de la Cumbre por el Cambio Climático COP26 actualmente en desarrollo en Glasgow, Escocia, se han identificado y tratado temas gruesos de interés para la humanidad, como lo son: la drástica reducción de emisiones de carbono y el objetivo de disminuir la temperatura planetaria a -1.5º, la distribución de vacunas contra el COVID a la población mundial, el impuesto a las multinacionales en una tasa de 15% entre otras medidas globales, como compromisos de los gobiernos de las 20 economías más desarrolladas a nivel mundial, orientados a un objetivo central salvar al planeta Tierra en la próxima década de una catástrofe terminal.
En ese contexto es oportuno señalar que el tema del salario y del ingreso debiera ser igualmente un objetivo urgente a abordar, en momentos críticos condicionados por los efectos de la pandemia del COVID-19 a nivel global, al morir más de 5 millones de personas y un registro de infectados cercano a 248 millones de casos. A estas cifras dantescas se añade la pérdida de más de 300 millones de empleos formales, cuya recuperación depende del rebote de las economías más avanzadas del mundo en los próximos años.
En resumen, el combate contra la pobreza se centra además de la creación de empleos dignos, en el fortalecimiento del poder adquisitivo a partir de salarios suficientes para la alimentación y una vida decente para cada familia. En ese contexto el papa Francisco abogó el sábado (16.10.2021) “por establecer un salario mínimo universal, así como también una reducción de la jornada laboral, para que todos puedan tener acceso a «los más elementales bienes de la vida, siendo justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media».
Así como el cambio climático es una tarea impostergable también lo es la condición humana, que se ha visto afectada brutalmente por el coronavirus, generando aún más pobreza en el planeta y multiplicando el aumento de las migraciones, de la América Latina a Norteamérica, y de África y Asia hacia la Unión Europea, traducido en millones de seres humanos errantes aspirando a una mejor vida.
Debemos afirmar que si bien es cierto en el contexto de la OIT se han aprobado convenios de larga data, el 95 sobre protección del salario, el 26 sobre fijación de salarios mínimos, 98 contratación colectiva, el hecho de actualizarlos en políticas públicas a asumir por los gobiernos más poderosos agrupados en el G20, le inyectaría más vigor a la importancia de recuperar el salario, en igual término que la reconstrucción de la economía planetaria hoy diezmada.
Ello equivaldría a la fijación de salarios mínimos suficientes por región del mundo, ante la disparidad de desarrollo económico reconocida entre el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, que conlleve al apoyo financiero para el relanzamiento de América Latina hoy rezagada en el comercio mundial.
Situación que obliga a aclarar al origen del deterioro del salario en diferentes economías, en los regímenes dictatoriales donde sus gobernantes empobrecen expresamente a la población, citamos el caso de Corea del Norte donde el tirano Kim Jong-un obliga a la población a comer menos durante 4 años para ahorrar y mantener su atrasada economía.
En el caso de Venezuela, país situado a la cola de todas las naciones con un salario mínimo que no alcanza a los 3 dólares mensuales, donde perecen por inanición millares de seres humanos anualmente, lo que ha obligado a más de 6 millones a huir de la miseria, constituye la evidencia notoria ante la Corte Penal Internacional de un régimen que sujeta a la miseria generalizada a la población, con políticas ideológicas que no registran el mínimo interés por sacar del foso a sus ciudadanos, como si lo hacen otros gobiernos del continente.
