Por Yaniuska Briceño
La Corte Penal Internacional (CPI) ha aclarado que el gobierno de Nicolás Maduro no tendrá acceso a los datos de las más de 8.900 víctimas que enviaron sus testimonios al organismo, para evitar riesgos a su seguridad e integridad.
El pasado 27 de abril, el gobierno venezolano solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorización para presentar una réplica al informe que recopiló los testimonios de las víctimas en apoyo a la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014.
Sin embargo, la CPI explicó que la información de las víctimas se registra en una base de datos segura a la que solo tiene acceso el personal autorizado de la Corte y que solo se transmite a la Sala que solicitó una consulta, según el Artículo 18 del Estatuto de Roma.
“Esta información sólo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre”, indicó la CPI en un comunicado.
Además, la CPI enfatizó que las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia en el procedimiento relacionado al Artículo, que regula la cooperación entre la Fiscalía y los Estados Partes.
La CPI también recomendó discreción para las víctimas que hayan participado en el proceso, por su seguridad e integridad. “La seguridad de las víctimas y quienes les asisten es primordial. Las víctimas no deben tomar ningún riesgo y no deben mencionar su interacción con la CPI públicamente. Puesto que la confidencialidad y la discreción son las mejores maneras de protegerles en esta etapa del proceso”, señaló.
Entre las víctimas que enviaron sus testimonios a la CPI se encuentran familiares, defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales. Estudiantes universitarios, profesores, pensionados, periodistas, propietarios de tierras, granjas y negocios. Trabajadores del sector humanitario, de salud y público, así como jueces, fiscales, abogados y ex policías y militares.
Las víctimas reportaron haber sufrido daños físicos, psicológicos, emocionales, materiales y morales. Así como la privación de derechos fundamentales, afectándoles a nivel individual, familiar, grupal y comunitario.
Las víctimas denunciaron la comisión de crímenes de lesa humanidad tales como asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física. Tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado y persecución por motivos políticos.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó formalmente el 1 de noviembre de 2022 a la Sala autorización para reanudar la investigación sobre Venezuela. Tras considerar insuficientes los esfuerzos y reformas del gobierno venezolano para garantizar la administración efectiva de justicia.
La Sala tiene ahora que decidir si autoriza o no al fiscal a reanudar su investigación sobre Venezuela. Si lo hace, se abriría un nuevo escenario judicial para el gobierno venezolano y sus responsables por los crímenes cometidos contra su población.
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