La Corte Internacional de Justicia lleva adelante un juicio sobre el diferendo territorial que mantenemos desde 1966 con la República Cooperativa de Guyana y desde 1824 con la Gran Bretaña, cuando reconocieron la independencia de la Gran Colombia, pero respaldaban una línea de demarcación territorial, fijada por Schomburgk, que le quitaba 5.000 kilómetros cuadrados a Venezuela. Las vagabunderías de Schomburgk y el insaciable imperialismo británico terminaron agarrándose 160.000 kilómetros cuadrados con la trampa del Laudo Arbitral de París de 1899. Ese territorio que reclamamos ha sido desde siempre venezolano. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte jamás tuvo títulos. Nunca fue ni ha sido suyo el territorio que reclamamos. Es venezolano porque era el territorio de la Capitanía General de Venezuela. Es venezolano por la historia y por los títulos jurídicos. Las denuncias que el gobierno de Rómulo Betancourt hizo ante las Naciones Unidas en 1962 llevaron a negociaciones políticas y diplomáticas que produjeron el Acuerdo de Ginebra en 1966, bajo el gobierno de Raúl Leoni. Desde entonces quedó claro que el Laudo de París fue un hecho de corrupción diplomática y política, que era írrito, y que Venezuela y Guyana debían buscar un acuerdo para resolver el diferendo territorial. Han transcurrido 57 años. Realidades y circunstancias han cambiado. Seguimos siendo partidarios del Acuerdo de Ginebra, pero no es menos cierto que es ineluctable atender el juicio que lleva adelante la Corte Internacional de Justicia. Debemos presentar ante esa Corte nuestros argumentos históricos y jurídicos, así como nuestras protestas por las corruptelas de estadounidenses y británicos que con trampas le quitaron 160.000 kilómetros cuadrados de territorio a Venezuela en el fingido y arreglado arbitraje de 1899 en París.
El gobierno de Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de apelar a historiadores, geógrafos, diplomáticos y juristas conocedores a fondo y en detalles de esta controversia y de las sobradas razones que Venezuela tiene para reclamar justicia. Es la hora de todos quienes defienden el interés nacional. Es la hora de los resueltos por la Patria. No podemos evadir la responsabilidad de ese juicio. La Corte Internacional de Justicia va a sentenciar. ¿Por qué ha de hacerlo sin consignar nuestros válidos argumentos?
No es tiempo de cálculos ni de aficionados a bajas componendas, de aventureros de la historia. Como tampoco es hora de torcidos y dudosos socios. Recuerdo como el Grupo de Lima, hasta los hombros en un movimiento de desestabilización de Venezuela, produjo un repugnante documento el 4 de enero de 2019, a una semana de la toma de posesión de Nicolás Maduro después de haber ganado las elecciones de mayo de 2018. Ya había logrado ese Grupo de Lima, a solicitud del grupo político venezolano llamado Mesa de la Unidad Democrática, suspender a Venezuela del Mercosur; desconocer las elecciones que ganó Maduro; vetar candidaturas de Venezuela en mecanismos y organismos regionales e internacionales; fomentar el paralelismo institucional promoviendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y a un supuesto Tribunal Supremo de Justicia “legítimo” que terminó extinguiéndose entre Bogotá y Washington. En esa Declaración del 4 de enero de 2019 acusaba el Grupo de Lima al gobierno de Venezuela de violar derechos soberanos de los guyaneses por la interceptación realizada el 22 de diciembre de 2018 por la Armada venezolana de una nave guyanesa que realizaba investigaciones sísmicas “dentro de la zona económica exclusiva de Guyana”. Evidentemente que la Marina venezolana cumplía sus deberes, pero eso le ardía la sangre al Grupo de Lima y la Mesa de la Unidad Democrática, a cambio del desconocimiento de Maduro, celebraba esa Declaración que protestaba la defensa de nuestro territorio por parte de la Armada. La política pequeña, la de la zancadilla al adversario, la de la difamación, era para ellos más importante que el interés nacional. Por supuesto que no es a ellos a quienes debe consultar el gobierno de Maduro para defender nuestros derechos.
Igualmente recuerdo la grabación que se hizo pública de la Embajadora del supuesto presidente interino Juan Guaidó ante el Reino Unido. Decía la señora Vanessa Neumann en ese audio que la Gran Bretaña no seguiría apoyando a Guaidó si los venezolanos persistían en “quitarle” el territorio Esequibo a Guyana, que ella aconsejaba “dejar eso así” a cambio de obtener más apoyo para Guaidó, quien ni la boca abrió ante esta escandalosa declaración. La embajadora fue, además, figura determinante en la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido de poner 31 toneladas de oro venezolano bajo custodia del “gobierno de Guaidó”, una instancia ficticia que sirvió para secuestrar ese oro en el Banco de Inglaterra. Cosa curiosa, la exembajadora después pasó a estar en la Junta Directiva de un banco británico. No hay que ir a la escuela para entender el movimiento.
Por otra parte, Fidel Castro repitió hasta el cansancio que nuestro reclamo del territorio Esequibo era prueba del imperialismo y colonialismo venezolano a lo que él se oponía, con lo que demostraba su odio hacia la democracia venezolana y le pasaba la mano a Guyana y a las islas caribeñas de la Commonwealth, a las que pretendía tutelar y manejar como subalternas para convertirse en gran jefe regional. Tampoco los adoradores de la biblia de Castro nos sirven para defender nuestros intereses históricos, territoriales y políticos. Se trata de defender a Venezuela, no a un dogma político, de un extremo o del otro.
No es precisamente a esos, ni a unos ni a otros, a los que me refiero cuando reclamo que el presidente Maduro consulte los mejores talentos conocedores del despojo de nuestro territorio Esequibo para armar nuestro caso ante la Corte Internacional de Justicia. Es la hora de todos en la defensa del Esequibo, pero de todos a los que les duele Venezuela, no de los que juegan para sus mezquinos intereses personales y grupales.
claudioefm@gmail.com
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