El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la UCAB Rosnell Carrasco precisó este martes que si son declarados culpables por corrupción, funcionarios del Gobierno podrían pasar entre 8 y 30 años en prisión, ya que son delitos graves que no gozan de beneficios procesales.
En entrevista concedida a Román Lozinski, Carrasco destacó que delitos de corrupción vinculados al manejo de dineros y bienes públicos no tienen beneficios procesales, y además no prescriben. «Este tipo de delitos en materia de corrupción o contra patrimonio público pueden ser perseguidos siempre, y de acuerdo a la ley venezolana no tienen beneficios procesales, no es como en las películas americanas que los acusados llegan a acuerdos con los jueces y se les disminuye la pena, acá es diferente».
«Así que dependiendo del grado de comisión del delito, la pena podría ir desde 8 a 30 años que es la pena máxima porque son delitos graves».
En relación con la detención del diputado del PSUV Hugbel Roa, el experto en leyes precisó que como todo parlamentario tiene inmunidad parlamentaria, pero debido a que está involucrado en un delito grave, no podría ampararse bajo esta institución «porque lo llevaría básicamente a la impunidad».
También habló de la Policía Nacional Contra la Corrupción. «Es un cuerpo del Sebin, una policía de carácter científica, órgano auxiliar en el proceso de investigación penal que depende del Ministerio Público».
En estos casos de corrupción que involucran a altos cargos del Gobierno, corresponde a la Contraloría General, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo encargarse de la investigación.
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