En estos días hubo una protesta de madres de niñas y niños, pacientes del hospital JM de los Ríos, que esperan por un trasplante. Ya el programa de trasplantes de órganos lleva cinco años suspendido. Ya setenta pequeñas y pequeños murieron esperando, al menos en ese centro. Y hablamos de la punta de un gigantesco iceberg: son miles y miles los menores que en toda Venezuela requieren de algún tipo de atención hospitalaria y que al acudir a esos centros se topan con carencias que comprometen su derecho a la protección de la salud. El artículo 83 de la Constitución consagra ese derecho para toda persona e indica que el Estado lo debe garantizar. El artículo 41 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes lo reafirma para ese sector de la población.
Pero el tiempo pasa y no se encuentran los caminos a fin de mejorar la situación de nuestros hospitales: deterioro en la infraestructura, fallas en los servicios de agua y electricidad, equipos inservibles para radiología, laboratorios sin reactivos… Hasta el cloro para limpiar puede estar ausente. El duro trabajo del personal recibe una remuneración demasiado baja.
No podemos seguir como si nada estuviera pasando: Gobierno y oposiciones haciendo sus “jugadas políticas” con calma de ajedrecista. Se señala que este año el Gobierno nacional, aun con las criminales “sanciones” encima, pudiera obtener del petróleo ingresos por unos 15 mil millones de dólares. Para algunos, esto está bastante bien y sería suficiente para que el presidente Maduro no tuviera problemas. Pero es que si las sanciones cesaran y Venezuela pudiera vender normalmente su petróleo y aumentar la producción del mismo gracias a nuevas inversiones internacionales, los ingresos pudieran ser del orden de los 45 mil millones de dólares. Con ese dinero se podría parar mucho sufrimiento y salir más rápido de este foso.
Al menos, mientras se llega a convenios políticos estables, internos y con EEUU, es urgente alcanzar acuerdos provisionales que permitan atenuar los problemas más acuciantes. Así, se podría lograr para el Gobierno la venta libre de cierta cantidad de petróleo, estableciendo que los ingresos obtenidos deban ir a destinos específicos, como hospitales o escuelas, bajo la supervisión de la ONU. Es urgente.
@AuroraLacueva
