Un tribunal federal ha dejado en vigor este viernes uno de los programas centrales en la política de inmigración para la Administración del presidente demócrata.
El fallo de un juez de distrito permite seguir operando al Gobierno permisos temporales humanitarios que permiten la entrada a Estados Unidos de 30.000 personas desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La medida había sido atacada en los tribunales por el Gobierno de Texas, quien reclama a los juzgadores que Washington ha abierto las puertas de las fronteras para crear una crisis.
El juez Drew Tipton argumentó que ni Texas ni los otros 20 Estados republicanos que presentaron la demanda probaron ante el tribunal el supuesto daño que había provocado en sus territorios la medida puesta en marcha por la Administración Biden.
El togado, radicado en Texas y quien llegó al cargo nominado por Donald Trump, añadió en su fallo que no entra a debatir la legalidad del programa. En cambio, su decisión se basa en que Texas no pudo justificar que tenía motivos para presentar la demanda.
El verano pasado, el Gobierno federal obtuvo otro triunfo judicial cuando el Supremo le dio la razón al fijar sus objetivos para las deportaciones.
La acusación fue presentada en enero de este año por una coalición conservadora encabezada por el fiscal texano, Ken Paxton.
Este aseguró que la llegada de inmigrantes por la frontera con México obligaba a la Administración estatal a invertir millones de dólares en servicios de salud, educación y seguridad pública.
Es probable que Texas o algún otro Estado recurra ante un Tribunal de Apelaciones.
“La decisión del juez muestra lo opuesto, que este programa concede beneficios inmensos para personas, familias y comunidades en todo el país”, aseguró Monika Langarica, abogada del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA. La letrada asegura que la continuidad del programa son buenas noticias para un millón y medio de personas.
“Es también un rechazo al esfuerzo de Texas por controlar la política inmigratoria de todo el país”, añade.
