En 2012, al llegar Xi Jinping al poder, China desató una serie de prohibiciones jurídicas para impedir la salida de los ciudadanos. Las dificultades para la emigración ya existían pero sin asideros legales. Xi se armó de preceptos, convirtiendo este hecho en una herramienta de control social difícil de franquear.  A partir de 2018 se promulgaron cinco leyes y se modificaron otras diez ya existentes para aumentar el cuadro de prohibiciones de salida del territorio. La ciudadanía no fue informada de tales restricciones por lo que muchos viajeros se enteraban de la imposibilidad de salir del país en el momento en que intentaban cruzar la frontera.  

El Partido Comunista reforzó así el control sobre todos los aspectos de la vida de la gente y se ha empeñado en que las disposiciones reglamentarias sean redactadas de manera vaga, ambigua, compleja o extensiva para que resulte virtualmente imposible apelar las normas o a su aplicación arbitraria. La pandemia del COVID sirvió para afianzar aún más la necesidad de control y los derechos humanos en materia de movilidad pasaron a ser completamente accesorios.

Al finalizar las restricciones chinas –las que fueron las más severas del mundo– para el control de la epidemia las regulaciones al libre tránsito de individuos se han mantenido para atender a otros fines y contrastan con la libertad que proclama el gobierno para la atracción de inversiones extranjeras. Las diferencias comerciales y de seguridad tecnológica con Estados Unidos han contribuido, además, a que las medidas restrictivas se mantengan.   

En virtud de la falta de información confiable de fuentes oficiales sobre el número de ciudadanos nacionales y extranjeros  impedidos de dejar el país resulta complejo adelantar cifras, pero a través de las organizaciones de derechos humanos, las cámaras de negocios bilaterales de China con terceros países y las asociaciones de abogados es posible estimar que se habla de varias decenas de miles de casos que involucran a defensores de derechos, militantes políticos, abogados, periodistas y jefes de empresas, individuos incursos en litigios financieros y miembros de minorías étnicas.    

Una suerte de paranoia se ha apoderado de los funcionarios chinos que se expresa a través del intrincadísimo esquema oficial desarrollado para autorizar viajes de todo tipo de sus ciudadanos al exterior. Solo el hecho de aplicar para un viaje levanta suspicacias de las autoridades. Una estricta supervisión del viaje, así como una serie de obligaciones le son impuestas a quienes son autorizados. Su itinerario no puede ser cambiado, se comprometen a no discutir asuntos del país con extranjeros y a no ver películas que tengan sesgos “reaccionarios”.  Muchos son los pasaportes revocados por incumplimientos este tipo de normas.

La estricta y arbitraria vigilancia ejercida por las fuerzas del orden desde los días del confinamiento del COVID para evitar la emigración de ciudadanos es tal que ello ha terminado por estimular el fenómeno contrario. Por ejemplo, los empleados públicos, trabajadores de empresas y educadores en todos los niveles están obligados a mantener sus pasaportes bajo la custodia de funcionarios regionales, lo que les impide adquirir ticket de viaje al extranjero. Ello unido al descontento popular creciente por la manera en que la desaceleración económica les afecta a nivel personal ha hecho crecer el deseo de los ciudadanos chinos no solo a viajar sino también a exiliarse. 

Esta es otra manera, en conclusión, para mantener un control total sobre los individuos. Toda norma se utiliza para servir a los objetivos del partido y este es un caso flagrante. 

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