Este martes la administración de Nicolás Maduro publicó un comunicado donde señala que hay «agresiones mediáticas» hacia Venezuela para acusar al chavismo por crímenes de lesa humanidad.

Mientras que el chavismo dice que los crímenes de lesa humanidad son una «agresión mediática» desde distintas ONG han levantado denuncias ante la CPI para que continúen las investigaciones sobre Venezuela en materia de derechos humanos.

El chavismo denunció «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas» por la CPI, que ponen «en duda la debida imparcialidad y objetividad» de esta instancia.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación, que comenzó en 2021 después de que en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.

Según el comunicado del chavismo, Venezuela «aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos».

Como prueba de la «naturaleza política del proceso», la nación suramericana señaló el caso de un ciudadano venezolano designado en 2019 por el Parlamento, entonces de mayoría opositora, para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales, que fue «presentado por la Fiscalía de la CPI como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución’».

Sin embargo, «al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó, expresamente, haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal», aseguró el chavismo, que no especificó el nombre del ciudadano.

La administración de Maduro agregó que «seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación».

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que este 28 de febrero de 2023 presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un escrito con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido.

En su escrito, Venezuela aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Asimismo, demostró que el Sistema de Justicia venezolano se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción.

Como prueba de la naturaleza política del proceso, se destacó por ejemplo, el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía de la CPI como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución’, pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes negó expresamente haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal. Además, dicho ciudadano fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales.

Asimismo, en su documento, Venezuela denunció las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte.

Finalmente, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica que seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a esta fórmula de colonialismo jurídico que pretende utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del Derecho Internacional».

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