La fiscal Fatou Bensouda dejó como asignatura pendiente en la Corte Penal Internacional el inicio de la investigación que esperamos desde el 8 de febrero de 2018, cuando anunció que abrió el examen preliminar tras la denuncia que presenté el 16 de noviembre de 2017 contra Maduro y altos jerarcas del régimen por su responsabilidad en la violación sistemática y generalizada de derechos humanos en Venezuela.
Desde ese día, la fiscal Bensouda estuvo analizando con su equipo de trabajo si había elementos de pruebas para llevar adelante una investigación contra las personas señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad, pero terminó su gestión en la CPI sin pronunciarse al respecto, dejándole ese trabajo a su sucesor Karim Khan, de quien estamos seguros tendrá un importante rol frente a la grave denuncia por violación de los derechos humanos presentada ante ese organismo internacional.
Es un gran reto para la Corte Penal, ante la opinión internacional y ahora para su representante, el fiscal Karim Khan, honrar el prestigio y credibilidad del más importante tribunal internacional, por lo que confiamos en su capacidad de respuesta rápida y diligente, en vista de que no solo ofrecería justicia a las víctimas directas e indirectas, sino que además se convertiría en un muro de contención con el fin de frenar tantas violaciones de los derechos humanos que ocurren a diario en Venezuela y que han sido verificados por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de la ONU, entre otras destacadas instancias internacionales. El nicolasismo ha actuado dolosamente contra los ciudadanos y ha incrementado su acción criminal en los últimos años.
Recordemos que a pesar de los esfuerzos de la autocracia de invisibilizar nuestra denuncia, en un esfuerzo histórico, logramos que los presidentes de seis países (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá) se agruparan para solicitar a la CPI, en nombre de sus naciones, el inicio de una investigación formal contra Nicolás Maduro, acreditando las pruebas y argumentos legales recabados en el Ministerio Público venezolano y que habían sido consignados con el escrito.
Conviene destacar que la denuncia que presenté ante la CPI en 2017 ha sido el resultado de un gran esfuerzo del trabajo realizado en Venezuela al frente del Ministerio Público y sorteando los obstáculos del Poder Ejecutivo, que desde esos años torpedeó todo avance de las investigaciones penales; así como la labor posterior efectuada en el exilio para que sean juzgados quienes han violado los derechos de los venezolanos. Lo hice convencida de mi deber como ciudadana, que es fortalecer y defender la verdad y la institucionalidad democrática.
En su oportunidad entregué a la CPI pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales de más de 8.000 ciudadanos por parte de organismos de seguridad del Estado desde 2015 hasta 2017. También presentamos evidencias sobre la tortura y homicidio del concejal Fernando Albán, del capitán Acosta Arévalo y la masacre de Óscar Pérez y sus compañeros, así como de torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales, asesinatos y detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades como la militarización de la seguridad ciudadana.
Por ahora es tarea primordial seguir trabajando para que haya justicia, dispuestos a prestar nuestra colaboración a ese importante organismo internacional.
A todos los que anhelamos que Venezuela recupere el orden constitucional y democrático: pueblo, organizaciones, actores políticos y víctimas de crímenes de lesa humanidad, les digo: ¡Es necesario seguir contribuyendo con este proceso para que Maduro y sus cómplices paguen por sus delitos!
Quienes usurpan el poder en Venezuela quizás piensan que se saldrán con la suya por su dañina costumbre de querer sobornar a la gente e infringir las leyes para beneficiarse, pero así no funcionan las instituciones serias e íntegras como la Corte Penal, y menos tratándose de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos tan graves como las que documenté en la denuncia presentada ante la CPI.
Hoy podemos afirmar que estamos en el camino correcto. Lograr la activación de la justicia internacional contra estos criminales es y será una victoria de todos los venezolanos. Pronto veremos el resultado.
De anunciar, el nuevo fiscal, el inicio de la investigación penal, pasaremos a un escenario de lucha jurídica en el que seguiremos colaborando con la Corte para que desarrolle todo el trabajo investigativo y probatorio necesario para que materialice la presentación de cargos y la emisión de órdenes de captura internacional contra los responsables de los crímenes.
La CPI se toma en serio su trabajo, es minuciosa y por eso parece lenta, pero funciona así porque debe construir expedientes tan sólidos que sea imposible para los criminales utilizar subterfugios legales para escapar de la justicia. Ha pasado tiempo, casi 4 años ya, pero veremos muy pronto que prevalecerá la justicia y Maduro y sus cómplices tendrán que enfrentar la justicia internacional por todos sus delitos.
