El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa ha acusado al Gobierno peruano de «tomar partido» por el candidato de izquierda, Pedro Castillo, en las recientes elecciones presidenciales cuyo resultado no se ha oficializado a más de un mes de la votación.
Por: El Espectador de Caracas con información de 800Noticias
«Claramente el Gobierno ha tomado partido en estas elecciones por el candidato aparentemente humilde, de los sectores más desfavorecidos del país. Digo aparentemente porque es clarísimo que esta versión no es una versión exacta», ha afirmado Vargas Llosa durante un acto en Madrid.
Para el Nobel de Literatura, la segunda vuelta de las elecciones del pasado 6 de junio no fue una lucha entre «la hija de un dictador como es Keiko Fujimori» y Pedro Castillo, sino una lucha entre la «libertad democrática y el totalitarismo», tras identificar la primera con Fujimori.
«Se trata de una lucha entre la libertad democrática y el totalitarismo, el marxismo-leninismo encarnado en Venezuela donde el señor (Vladimir) Cerrón (aliado de Castillo) ha estado muchas veces y desde donde tengo la impresión, pero no podría probarlo, que se ha dirigido la elección peruana», ha argumentado, según recoge la prensa peruana.
«Todo lo que se haga para frenar esa operación turbia que va contra la legalidad, en contra de la democracia, está perfectamente justificado. Es una exposición que tiene el aval de todos los partidos políticos democráticos peruanos», ha asegurado.
Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.
Actualmente, estas están bajo revisión en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.
Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.