Año tras año, la crisis económica y social en Venezuela ha llevado a debates y propuestas para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el país. Entre los temas más controversiales y recurrentes se encuentran los subsidios a los combustibles, un asunto que sigue pendiente de resolución. En 2020 envié una carta a Tareck el Aissami, ministro del Poder Popular de Petróleo y vicepresidente del Área Económica, planteando ajustes en el esquema de comercialización de combustibles, en la cual mostraba una visión concreta y sensata de cómo enfrentar esta problemática; sin embargo, han transcurrido tres años y es prácticamente nada de lo que solicitamos lo que ha sido tomado en cuenta.
Los subsidios a los combustibles, una medida inicialmente implementada para beneficiar a la población y fomentar el acceso a energía a precios asequibles, se han convertido en una carga económica insostenible para el país. La transformación del sistema de 100% subsidio a uno dual, con subsidios limitados y comercialización parcial a precio de mercado, es un paso necesario para afrontar la realidad económica y fiscal de Venezuela. No obstante, los intereses políticos y la falta de consenso han mantenido esta cuestión en un punto muerto.
Las razones expuestas en dicha misiva siguen siendo las mismas. Las prácticas lesivas al interés general, como la reventa especulativa y el contrabando de extracción, que no solo afectan negativamente la economía, sino que también perpetúan la escasez de combustible en el país, generando una situación caótica en el abastecimiento y afectando a millones de ciudadanos que luchan por movilizarse y realizar sus actividades cotidianas.
Además, el déficit fiscal causado por los subsidios continúa siendo una de las principales fuentes de la inflación; a pesar de los esfuerzos por controlarla. La realidad es que la falta de medidas efectivas para reducir el subsidio a los combustibles ha obstaculizado cualquier posibilidad de una recuperación económica sostenible.
Nuestra propuesta de implementar una Bolsa de Combustibles, donde se fijen precios basados en la oferta y demanda, junto con subsidios directos y repositorios, es una alternativa razonable y estructurada para mitigar el impacto social y económico de los ajustes en los precios de los combustibles. Sin embargo, lamentablemente, el sistema actual parece estar en un estancamiento, lo que refleja una falta de voluntad política para abordar este problema de manera decisiva.
Es comprensible que la eliminación o reducción de los subsidios puede tener consecuencias negativas en los sectores más vulnerables de la población. No obstante, es fundamental que se diseñen políticas sociales adecuadas para proteger a los ciudadanos que se verían más afectados por estos cambios. La inclusión de subsidios focalizados en sectores como transporte masivo, educación, salud, así como para el transporte de cargas y el de autogeneración o autonomía energética podría ser una alternativa para proteger a los ciudadanos más necesitados, evitando así que el ajuste en los precios impacte de manera desproporcionada en sus vidas.
La crisis energética que enfrenta el país también plantea el desafío de buscar soluciones que promuevan la autonomía energética en diferentes sectores. Los subsidios temporales a la autogeneración o la implementación de energías limpias podrían ser estrategias efectivas para aliviar la presión sobre el Sistema Eléctrico Nacional y mejorar la resiliencia del país ante los desafíos energéticos.
Ya desde el 2020 en el tema de los subsidios de combustibles había planteado una serie de sugerencias razonables y bien fundamentadas para abordar esta problemática. Sin embargo, ante la incapacidad para resolver, delegar, de abrir tanto el sector eléctrico y los combustibles al sector privado, producto de la polarización política y de mantener la dependencia del Estado, siguen obstaculizando la búsqueda de soluciones efectivas y sostenibles para esta cuestión.
Es imperativo que los actores políticos se unan y prioricen el interés colectivo por encima de sus diferencias para encontrar una vía de salida a esta crisis, que afecta a cada venezolano y que es vital para el futuro del país. Solo con voluntad y diálogo se podrán alcanzar soluciones concretas que conduzcan a una economía más estable y una sociedad más justa en Venezuela.
En resumen, ningún país se desarrolla con base en subsidios, estos solo fomentan la pobreza y la dependencia del Estado.
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