La situación política en Venezuela parece estar despertando de un largo letargo.

Por: El Espectador de Caracas con información de BBC News Mundo

La designación este martes de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado de forma más equilibrada por representantes del oficialismo y por dos personalidades de una parte de la oposición podría servir de punto de partida para la realización, por primera vez desde 2015, de comicios que sean reconocidos por la comunidad internacional y en los que participen las distintas fuerzas políticas que hacen vida en el país sudamericano.

Aunque de momento se trata de rendija más bien pequeña ya que el nombrambiento cuenta con el rechazo de Juan Guaidó, líder oposotir reconocido como presidente interino por gran parte de la comunidad interncional.

Aunque se trata solamente de un primer paso en un largo camino, los nombramientos de este martes se suman a otros eventos ocurridos durante las últimas semanas que parecen apuntar hacia una reactivación de la agenda política después de un 2020 en el que, aunque hubo unas controvertidas elecciones parlamentarias, la situación política permaneció inmóvil.

BBC Mundo te cuenta cinco hechos que apuntan a posibles cambios en el panorama político de Venezuela.

1. Un nuevo órgano electoral

El CNE ha sido una pieza fundamental en la crisis política en Venezuela desde al menos 2016, cuando fue abortado el proceso para realizar un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, tras denuncias de un presunto fraude en la recolección de firmas en cinco estados del país.

Mientras el oficialismo alegó que se había impedido la consumación de una convocatoria fraudulenta, la oposición acusó al chavismo de usar los tribunales para evitar la revocatoria de Maduro, quien aparecía en clara desventaja en las encuestas.

Luego hubo los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente (2017), una elección presidencial (2018) y una elección de la Asamblea Nacional (2020), procesos en los que no participó la mayoría de las fuerzas de oposición y que no fueron reconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

Tras las elecciones legislativas de 2020, la Unión Europea emitió un comunicado señalando que no iba a reconocer los resultados, señalando que esa votación se produjo sin un pacto nacional sobre las condiciones electorales, sin que se respetaran los criterios internacionales mínimos de un proceso digno de crédito y sin que hubiera una movilización del electorado.

Aunque la directiva del nuevo CNE fue designada este martes por esa misma Asamblea Nacional electa en 2020, los nombramientos son fruto de un proceso de negociación con sectores de la sociedad civil y una parte de la oposición, e incluyen a dos figuras con un perfil contrario al oficialismo: Roberto Picón y Enrique Márquez.

Picón es un experto electoral que fue asesor de la opositora y desaparecida Mesa de Unidad Democrática y que estuvo preso durante unos meses en 2017 acusado por el gobierno de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de equipo militar.

Enrique Márquez fue vicepresidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en 2015 y es exdirigente de Un Nuevo Tiempo, partido del que fue expulsado en 2018 tras haber apoyado los comicios presidenciales de ese año pese a que la mayoría de la oposición consideraba que no había condiciones para unas elecciones libres.

Esos nombramientos dejan al oficialismo con una mayoría de tres rectores (Tania D’Amelio, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor), pero podrían abrir una rendija para contar con un órgano electoral reconocido tanto por el gobierno como por la oposición.

La tarea, sin embargo, no será fácil pues arranca con el rechazo de los sectores de la oposición que respaldan al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y varias decenas de países.

El sector de Guaidó argumenta que la Asamblea Nacional de mayoría chavista, cuya elección no reconoce, no está facultada para nombrar a un nuevo CNE.

En Twitter, Guaidó consideró que «las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán las mismas que en 2018 y 2020: arrastrar a Venezuela a un desastre mayor».

Los rectores del CNE son escogidos para un periodo de siete años y, de acuerdo con el calendario electoral, este año tendrían la tarea de organizar elecciones regionales y municipales.

2. La mesa de la pandemia

Pese a la reacción de Guaidó a los nombramientos del CNE, la pandemia del coronavirus parece haber abierto un terreno de posible encuentro entre el gobierno de Maduro y la sección de la oposición que lidera.

Ante la emergencia sanitaria, el año pasado se creó una mesa técnica con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la que, además del gobierno de Maduro, estaban representados otros sectores del país, incluida la oposición.

Como parte de ese proceso se comenzó a gestionar un plan para la adquisición de vacunas contra el covid-19 a través del mecanismo internacional Covax (Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19), que serían costeadas -al menos parcialmente- con los fondos de Venezuela congelados por el gobierno de Estados Unidos y puestos a la disposición de Guaidó.

El 13 de abril, al anunciar el pago inicial para la adquisición de un primer lote de vacunas, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, dejó ver que contaban con el uso de esos recursos a disposición de Guaidó para hacer la compra.

«El presidente Maduro canceló la mitad de esos US$119 millones que se necesitaban para el mecanismo. Si por parte de los recursos secuestrados se aporta más dinero, bueno, será el dinero para comprarse a través de la OPS y la OMS las vacunas que se necesiten», dijo Rodríguez.

El gobierno anunció que había pagado US$64 millones como inicial para adquirir vacunas suficientes para atender al 20% de la población. Se esperaba entonces que el resto de recursos procedería de los fondos que serían descongelados por Estados Unidos a petición de Guaidó.

Sin embargo, pocos días más tarde, Maduro afirmó que había pagado la parte restante de la factura.

El anuncio inesperado causó sorpresa, pero no parece haber puesto fin a la participación de la oposición en el financiamiento de las vacunas, pues pocos días después Guaidó aprobó el uso de US$100 millones de los fondos congelados en Estados Unidos para la adquisición de vacunas a través del Covax.

3. Arresto domiciliario para los exejecutivos de Citgo

El viernes 30 de abril fueron excarcelados y puestos bajo arresto domiciliario seis exejecutivos de Citgo, una filial de PDVSA en Estados Unidos.

Los exempleados de la petrolera venezolana -cinco de ellos con ciudadanía estadounidense y otro con permiso de residencia permanente en EE.UU.- pagan duras condenas de hasta 13 años de prisión tras ser condenados por corrupción, peculado y asociación para delinquir.

Ellos afirman ser inocentes y se consideran víctimas de una operación del gobierno de Maduro para lograr influencia en Washington.

Los exejecutivos vivían y trabajaban en Estados Unidos cuando fueron llamados a Caracas para una «reunión de emergencia», en noviembre de 2017, donde fueron arrestados.

En diciembre de 2019, habían sido puestos bajo arresto domiciliario, pero fueron devueltos a prisión en enero de 2020, el mismo día en que el entonces presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Guaidó.

Que hayan sido puestos nuevamente bajo arresto domiciliario es un gesto que es visto como un guiño del gobierno de Maduro a la Casa Blanca de Joe Biden.

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