La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictaminado la realización de una nueva audiencia preliminar para evaluar si hay motivos para enjuiciar a 21 militares y cinco civiles por cargos de conspiración y otros delitos.
Estos militares pertenecen a los destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Macarao, Caricuao, Petare y Cotiza, siendo este último el lugar principal de los incidentes ocurridos el 21 de enero de 2019, dos días antes de la autojuramentación del entonces diputado opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
La Sala Penal indicó que este grupo de militares participó en un video donde desconocieron al gobierno de Nicolás Maduro y sustrajeron 60 fusiles AK-103, de los cuales solo se recuperaron 45.
Tres sargentos, Luis Alexander Bandres, Yordanis Alirio Camacaro González y Alberto José Piñango Salas, fueron condenados a penas de entre 7 y 15 años de prisión por este incidente.
A pesar de que la condena contra estos tres individuos fue confirmada por la Corte Marcial, sus abogados presentaron un recurso de casación ante la Sala Penal, alegando violaciones de garantías constitucionales. Aunque este recurso fue inicialmente rechazado, la Sala Constitucional lo anuló posteriormente, argumentando que se apartaba de los principios constitucionales.
La Sala Penal, tras recibir nuevamente el caso, decidió anular la audiencia preliminar celebrada en el Tribunal Militar 3° de Control de Caracas, debido a errores constitucionales que pasaron desapercibidos durante el proceso. Como resultado, ordenó que la nueva audiencia preliminar se realice en un tribunal ordinario, excluyendo a los militares previamente condenados.
Esta decisión implica que se debe reevaluar si hay motivos suficientes para llevar a juicio a los 21 militares y cinco civiles en un tribunal no militar.
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