La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena impuesta a cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acusados de participar en la toma de una unidad militar, ubicada en Cotiza, Caracas, el 21 de enero de 2019, es decir, dos días antes de la autojuramentación, como presidente de Venezuela, de Juan Guaidó.

Entre los militares procesados figura el sargento mayor de tercera de la GNB Luis Alexander Bandres Figueroa (cabecila del motín), condenado a 15 años y 9 meses de prisión. Los otros procesados son: Geomer Narciso Martínez Natera, Luis Alfredo Milanés Chirinos, Yordanis Alirio Camacaro González y Alberto José Piñango, quienes recibieron condenas de 7 años y 9 meses de prisión, según se lee en la sentencia 96, redactada por la magistrada Elsa Gómez y firmada por sus colegas de Sala Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.

Los hechos investigados ocurrieron el 21 de enero de 2021 cuando Bandres Figuero junto a 23 efectivos militares difundieron un video desde la GNB-Cotiza “realizando un llamado a desconocer al gobierno legalmente constituido”.

Ya en horas del mediodía de ese 21 de enero, los amotinados depusieron sus armas y fueron aprehendidos por organismos de seguridad, incautándoseles 60 fusiles AK-103, de los cuales solo fueron recuperados 45 de ellos, refiere la sentencia basado en las investigaciones.

En medio de esos hechos, tres oficiales fueron sometidos y amordazados en el comedor por los cabecillas del motín. Un grupo de los complotados sustrajo material de guerra y huyó hacia Petare, donde entregaron armas a vehículos civiles.

El juicio contra Bandres, Camacaro y Piñango transcurrió entre el 15 de febrero y 23 de junio del 2022, día en que el Tribunal Militar 3° de Caracas los declaró culpables de los delitos de: motín, instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y desobediencia en tiempos de paz, dice la sentencia.

Esa decisión fue avalada por la Corte Marcial, y en razón de ellos, Miguel Ángel Forero Terán y Rachel González, los abogados de Bandres, Camacaro y Piñango, acudieron a la Sala Penal del TSJ para tratar de revertir la condena impuesta.

Los magistrados analizaron las denuncias vertidas en el recursos de casación consignado por los tres militares y los consideró carentes de argumentación, en virtud de lo cual fueron desestimados “por manifiestamente infundados”. En consecuencia, dejaron incólume la condena impuesta a los tres militares.