El Tribunal Supremo británico consideró este miércoles que el plan de expulsar a Ruanda a los demandantes de asilo que lleguen de forma irregular al país es ilegal, un duro golpe para el gobierno conservador del primer ministro, Rishi Sunak.

Los altos magistrados dieron de esta forma razón al Tribunal de Apelación británico, que decidió que Ruanda no puede ser considerado como un tercer país seguro.

Aplaudida por las asociaciones de defensa de los derechos humanos, esta decisión, tomada por unanimidad por los cinco altos magistrados, está fundada en razones legales y no políticas, insistió el presidente del tribunal, Robert Reed.

«Llegamos a la conclusión de que el Tribunal de Apelación tenía derecho a considerar que existen motivos fundados para creer que la expulsión de los demandantes a Ruanda los expondría a un riesgo real de malos tratos», afirmó Reed.

Tras conocer la decisión, Sunak indicó que su gobierno prepara un «nuevo tratado» con Ruanda, y consideró que el principio de enviar a inmigrantes clandestinos a un tercer país no tiene trabas jurídicas.

«Si resulta evidente que nuestros marcos jurídicos nacionales o nuestros convenios internacionales siguen obstaculizándonos, estoy dispuesto a modificar nuestras leyes y reexaminar estas relaciones internacionales», añadió, cuando algunos disputados de su partido exigen dejar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por su parte, el gobierno ruandés, a través de un portavoz, mostró su «desacuerdo con la decisión de que no somos un tercer país seguro para los solicitantes de asilo y los refugiados».

Medida clave para Sunak 

Sunak había apostado fuerte por esta medida, muy controvertida, pero que consideraba decisiva para reducir la inmigración, que se proyecta como un tema clave en las elecciones generales previstas para 2024.

En una airada carta difundida el martes, la exministra de Interior, Suella Braverman, cesada el lunes por el primer ministro, acusaba a Sunak de «irresponsabilidad» y de haber fracasado a la hora de preparar un «plan B creíble» en caso de que el Tribunal Supremo tumbara el proyecto.

Por su parte, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, favorito en las encuestas, ya advirtió que revisaría el plan si llega a Downing Street.

«No es una buena medida política y es extremadamente costosa», declaró.

En el poder desde hace un año, Sunak prometió «acabar con la llegada de los barcos» con migrantes que cruzan el Canal de la Mancha.

Más de 27.000 embarcaciones lo han cruzado desde principios de año, frente a 45.000 en 2022, lo que constituyó un récord.

El plan de enviar inmigrantes a Ruanda, cualquiera que sea su origen, fue anunciado hace un año y medio durante el gobierno del conservador Boris Johnson, pero fue bloqueado por los tribunales.

Plan controvertido 

A mediados de 2022, un primer vuelo fue cancelado tras una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Después, a finales de junio pasado, el Tribunal de Apelación de Londres dictaminó que el proyecto es «ilegal» y concluyó que Ruanda no puede considerarse un «tercer país seguro».

Los jueces determinaron que existe «un riesgo real de que las personas enviadas a Ruanda fueran devueltas a su país de origen, donde fueron objeto de persecución y otros tratos inhumanos».

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que participó en el proceso, subrayó en sus conclusiones que ha «expresado sistemáticamente serias preocupaciones», subrayando que Ruanda carece de un «sistema de asilo accesible, fiable, justo y eficaz».

Por su parte, el gobierno británico ha seguido endureciendo su discurso sobre la inmigración. En julio, Londres votó una ley que prohíbe solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen de forma irregular, independientemente de los motivos que los empujaron a huir.

La ONU denunció que era contraria al derecho internacional y expresó su preocupación de que «otros países, incluso en Europa» se vean tentados a seguir este camino.

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