La audiencia de juicio contra los dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acusados del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo fue suspendida. Así lo informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Por: El Espectador de Caracas con información de El Nacional
La organización señaló que este viernes se esperaba un posible veredicto.
Por este caso están siendo juzgados, bajo los cargos de homicidio calificado con alevosía y tortura, Ascanio Tarascio Mejías y Estiben Zarate Soto.
El abogado Alonso Medina Roa, defensor de la familia del capitán Acosta Arévalo, informó en junio pasado que dentro de la acusación contra los funcionarios queda pendiente la investigación de la cadena de mando involucrada en la muerte del capitán.
En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación hecha por el Ministerio Público (MP) contra los acusados alegando que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los derechos de la víctima del delito.
Sin embargo, ese mismo mes el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, señaló que se había realizado una nueva imputación, está vez reconociendo la intencionalidad del homicidio y la tortura.
El caso
Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dgcim por su presunta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
Por varios días se desconoció el paradero del capitán. Su abogado informó que al llegar al juzgado el 29 de junio Arévalo presentaba signos de tortura y murió unas horas más tarde en el Hospital Militar, sin siquiera haber sido presentado ante el tribunal.
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció ese mismo año que, según las informaciones recabadas, Arévalo había sido torturado, lo que provocó lesiones irreversibles.
En el acta post mortem se señaló que el cuerpo de Rafael Acosta Arévalo presentaba 38 lesiones, todas vinculadas con torturas.
Los hechos también fueron denunciados por la Misión de Verificación de Hechos, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela.
