Las autoridades migratorias de Panamá informaron este miércoles que han sido encarcelados por 6 meses los 45 migrantes que vandalizaron un albergue en Darién, frontera natural con Colombia usada a diario por cientos de personas en su camino hacia Norteamérica, tras una multitudinaria pelea.

Esos 45 migrantes de Venezuela, Ecuador y Colombia cumplirán la medida de detención provisional, impuesta el pasado lunes por un tribunal panameño tras imputarles varios delitos, durante seis meses en un centro penitenciario mientras las autoridades investigan los hechos, según la información oficial.

«Hoy a las 5 de la mañana (10:00 GMT) han salido ya en un convoy desde Metetí (Darién) (…) a órdenes de un centro penitenciario los 45 detenidos (…)», dijo la directora de Migración, Samira Gozaine, en un video en X a la vez que especificó que de esos migrantes detenidos, al menos 38 son venezolanos, 6 colombianos y un ecuatoriano.

El Ministerio de Seguridad de Panamá también informó citando a la directora de Migración que «los 45 migrantes involucrados en los actos de vandalismo en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de San Vicente, fueron trasladados en horas de la madrugada desde Darién a un Centro Penitenciario».

Los 45 migrantes fueron imputados el pasado lunes por los delitos de «daños y contra la vida y la integridad» mientras que a 39 de ellos se les acusó adicionalmente de «incendiarismo».

La madrugada del pasado sábado, al menos unos 250 migrantes protagonizaron una violenta pelea en el albergue en San Vicente, Darién, que acabó con la vandalización de vehículos oficiales y civiles, al menos 10 modulares incendiados, además de la caseta de Unicef y otra de Migración, según la información oficial.

Los disturbios comenzaron, según la versión oficial, por una disputa entre dos mujeres por una carpa, incidente al que se sumaron las parejas de ambas y que desencadenó en una pelea multitudinaria de 250 personas entre los distintos grupos.

Gozaine dijo esta semana que los migrantes «gritaban» a las unidades del Servicio Nacional de Fronteras (policía fronteriza) que los «tenían estudiados y que «esto había sido orquestado para vandalizar y dañar nuestra propiedad por nuestra lucha frontal contra el tráfico de personas», lejos de la versión oficial.

Ese albergue, con capacidad para albergar a unas 500 personas, era uno de los más modernos y contaba con servicios básicos para atender a esta población. Los daños ascienden «hasta el momento a 550 mil dólares en perjuicio del Estado», según la Fiscalía.

Con información de EFE

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