Tras la segunda discusión por parte de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, fue sancionada la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en conmemoración del 13° aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Al respecto el presidente del parlamento Jorge Rodríguez, consideró que esta importante reforma de la ley, tiene grandes bondades para la construcción y adquisición de viviendas para el pueblo trabajador”.
El documento que será remitido al Ejecutivo Nacional para la promulgación. En este sentido, la diputada Luz Coromoto Chacón, puntualizó que este proyecto de Ley es considerado por el amplio impacto que tiene en la familia venezolana, pues en su elaboración participaron los trabajadores y trabajadores de las bases y del pueblo activo en entes públicos.
Asimismo, explicó que este ley garantiza la participación directa de la clase trabajadora en la junta directiva del Banavih para proponer, revisar y evaluar los criterios para el otorgamiento de los financiamientos para el acceso a la vivienda.
De igual forma, con esta ley se incorporan las distintas formas de participación de la clase trabajadora en la gestión de la producción de vivienda y hábitat bajo las modalidades de autoconstrucción, cogestión y autogestión, las cuales han demostrado ahorro de tiempo y recursos financieros en los procesos constructivos.
La ley sancionada por la Asamblea Nacional fue entregada al presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Marco Tulio Díaz; al vocero del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, José Simón Castillo; dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Fare Rojas y a la representante de la Fundación Anótate y Construye, Yesea Hernandez, quienes estuvieron como invitados especiales en el hemiciclo.
Esta iniciativa legal, aprobada en segunda discusión por unanimidad, contiene 25 artículos, deroga el artículo 59 de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo; y es el resultado de las jornadas de consulta pública en todos los estados del país, donde participaron cerca de 10 mil trabajadores del sector público y privado.
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