Miércoles 19 de enero 2022

Venezolanos de buena fe se preocupan por las implicaciones que tendría el hecho de participar en un referendo revocatorio dado el desconocimiento que una parte del país y de la comunidad internacional tiene respecto de la presencia del señor Maduro en Miraflores. Algunos de ellos utilizan como argumento sustento de su preocupación el que dicha elección fue nula y por ende el acto no es subsanable.

Gonzalo Oliveros Navarro / @barraplural

Quienes así opinan parten a mi juicio de una premisa errada, cual es que estamos en un estado social de derecho y justicia –tal como lo prevé la Constitución- cuando es lo cierto que un país en el cual dos personas se atribuyen la condición de presidente y en tal carácter son reconocidos interna y externamente o uno en el cual su tribunal supremo está desconfigurado o dos grupos de personas se atribuyen la condición de órgano parlamentario, no puede permitir arribar a esa conclusión. 

Es en función de esa situación que sostengo que el problema venezolano no es jurídico, es político y eso ocurre porque en un juego de dos, las reglas de la ley solo se aplican a uno, mientras que el otro actúa por la libre prevalido de la institucionalidad. Ese ha sido nuestro gran problema, pretender resolver nuestro conflicto utilizando al dedillo la ley, mientras otros no lo hacen. 

Al problema político hay que buscarle respuestas políticas, en la medida de lo posible  ajustadas a la ley y eso es lo que interpreto los actores políticos representados en la Mesa de Negociación han tratado de hacer. Construir una salida a nuestra situación con una interpretación extensiva de la ley, lo que hasta ahora no ha sido posible dada la actitud de su contraparte. 

Por otro lado, aún a disgusto, todos los venezolanos reconocen a Maduro como presidente, expresa o tácitamente. Si algo puede servirnos de ejemplo al respecto es el hecho de que es el quien pone el ejecútese a todas las leyes quesu constituyente y quienes participaron y resultaron electos en los comicios parlamentarios del 2020, aprueban. Dichas leyes se acatan y su inconstitucionalidad nunca ha sido debatida ante los señores que ocupan la máxima instancia judicial, por el hecho que Maduro no sea presidente.

Finalmente, quien reconoce o no a Maduro, sin imposiciones, es la comunidad internacional. Esta –estimo que sin excepciones de ninguna naturaleza- exige que nuestra salida sea pacífica. Si el revocatorio lo consigue, reaccionarán favorablemente, si no lo hace, no tomarán la acción venezolana como acto de reconocimiento interno. Quizás ese último elemento fue el que faltó considerar en mayo del 2018 cuando la abstención privó respecto de la participación en la elección presidencial, probablemente como consecuencia de la confusión generada por la actitud de quienes para la fecha ocupaban las posiciones de poder –consejero de seguridad y secretario de Estado- en los Estados Unidos, la cual era absolutamente distinta a la que se mostraba desde la Comunidad Europea. 

El revocatorio es un mecanismo constitucionalmente previsto con características intrínsecas que complican su realización. De los ciudadanos dependerá que ello sea o no posible. Lo cierto es que, a diferencia de lo que otros consideran, creo que mientras no se reinstitucionalice el Tribunal Supremo de Justicia y este sea un órgano integrado por magistrados que represente a todo el país y no a solo una parcialidad política, difícilmente avanzará.