El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab considera que la CPI tiene un enorme reto para convencer al mundo de que se trata de un tribunal imparcial y de alcance universal. Hasta ahora no lo ha logrado, ya que solo 123 países han ratificado el Estatuto de Roma y existen muchas críticas con respecto a los procesos penales iniciados por la Corte”.
“En el caso de Estados Unidos, al considerarse a sí mismo como el gendarme del mundo, no puede permitir que un organismo fuera de su control directo tenga la posibilidad de juzgar a sus militares, que intervienen permanentemente en conflictos alrededor del mundo. Son muchos los casos en los que los militares y líderes estadounidenses podrían ser acusados de crímenes de guerra, crímenes de agresión e incluso crímenes de lesa humanidad. Por eso Estados Unidos no solo no ha ratificado el Estatuto de la CPI, sino que ha aprobado leyes para impedir su actuación contra cualquier estadounidense y ha llegado incluso a sancionar a la anterior Fiscal de CPI por examinar los delitos cometidos por el ejército estadounidense en Afganistán”.
También mencionó el caso de Israel como potencia ocupante de territorios en Palestina y Siria. “Su ejercicio de la violencia contra los pueblos que reclaman esos territorios le hacen candidato a ser acusado ante la CPI cada año”.
Sin embargo, asegura que Venezuela ha colaborado y seguirá colaborando con la CPI, “porque somos respetuosos de la justicia internacional”.
El fiscal asegura que Venezuela ha brindado suficientes elementos a la Fiscalía de la CPI que demuestran que se han investigado y sancionado, con la severidad que establece la ley, las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales y militares
“No consideramos que en Venezuela se hayan producido crímenes de lesa humanidad en el marco de la alta conflictividad política que ha vivido el país. Los excesos cometidos por los funcionarios policiales y militares han sido investigados y sancionados, en un marco de alta violencia política interna y externa contra las instituciones del Estado venezolano”.
Recordó que la Oficina de Cooperación Técnica (OCT) de la CPI aún no se ha instalado, “así que por ahora no tenemos una dinámica de trabajo con ella”, comentó.
“Tuvimos una muy positiva relación de trabajo con la con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de la visita de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en junio de 2019”, dijo.
Aseguró que en ese período se dio impulso procesal a numerosos casos sugeridos por esta oficina relativos a muertes en protestas, tratos crueles e inhumanos y privaciones ilegítimas de libertad”.
“Creemos que una relación similar se puede establecer con la Oficina de Cooperación Técnica de la CPI”, acotó.
“En total, desde nuestra llegada al Ministerio Público se han imputado 1.770 funcionarios de seguridad del Estado y 68 colaboradores, para un total de 1.838 imputados. Han sido acusados 2.002 funcionarios y 107 civiles colaboradores, para un total de 2.109 acusados. Han sido privados de libertad 868 y 62 colaboradores, para un total de 930 privados de libertad. Y hemos logrado 458 sentencias condenatorias”.
Respecto a los casos producidos tras las guaridas del año 2017, recordó que muchas personas se abstuvieron de denunciar los eventos ante los órganos nacionales, y que algunos acudieron directamente a órganos internacionales, por cuanto el Ministerio Pùblico solicitó a la Fiscalía de la CPI que envíe aquellas denuncias que no hayan sido procesadas en el país.
“Creemos que la colaboración con la Fiscalía debe apuntar a que se nos faciliten las denuncias concretas que nos permitan investigar posibles delitos que no han sido investigados hasta la fecha”, señala Saab.
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