A través de un comunicado el fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó el informe presentado por la denominada Misión de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana se Venezuela, indicando que en el referido texto se pretende mostrar los “graves hechos de violencia”, desarrollados tras las elecciones del 28 de julio, “como protestas pacíficas”.
Al respecto el máximo representante del Ministerio Público, precisó que “es un informe diseñado y ejecutado para alimentar los ataques internacionales contra Venezuela, que niega la existencia de las medidas coercitivas unilaterales que han producido graves daños al país y sus habitantes; que niega los intentos de golpe de Estado y de magnicidio, así como las operaciones con mercenarios ejecutadas con apoyo extranjero y la continua intromisión extranjera en los asuntos internos de Venezuela”.
Violencia en cifras
En el comunicado se indica en cifras las consecuencias que se derivaron de la violencia post electoral, precisando que se “contabilizó 486 ataques a instituciones y bienes públicos y privados, entre ellos 75 Centros educativos, 41 Centros de salud, 50 Instalaciones y medios de transporte, 253 Instalaciones de cuerpos de seguridad, 10 Centros electorales, 7 Sedes de instituciones de la Administración Pública, 27 Estatuas y monumentos, 13 Establecimientos comerciales y 10 Sedes de Organizaciones Políticas”.
En el texto del documento se indica que “La pretensión de mostrar estos graves hechos de violencia como protesta pacífica habla de la mala intención y falta de escrúpulos de los miembros de la Misión”.
No hay denuncias sobre excesos policiales
En el comunicado del Ministerio Público se informa que hasta el presente no ha habido ninguna denuncia formulada en contra del algún funcionario policial o militar, que “sea vinculado como responsables de las muertes y personas heridas durante la violencia post electoral. Y de presentarse, será investigada como es práctica cotidiana de nuestra institución”.
A continuación texto completo del comunicado.
Comunicado
La denominada Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha emitido un nuevo compendio de ataques a las instituciones venezolanas que pretende presentar como informe.
Este mecanismo fue creado en 2019 para agredir a Venezuela por mandato de Estados Unidos y del fenecido Grupo de Lima. Se creó para boicotear los acuerdos y el trabajo que ha adelantado la República Bolivariana de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a partir de ese mismo año 2019.
Nuevamente los integrantes de la engañosa Misión presentan información sesgada, incontrastable, basada en testimonios anónimos, interpretada en base a sus prejuicios y sin detalles ni evidencias que permitan su revisión.
Es un informe diseñado y ejecutado para alimentar los ataques internacionales contra Venezuela, que niega la existencia de las medidas coercitivas unilaterales que han producido graves daños al país y sus habitantes; que niega los intentos de golpe de Estado y de magnicidio, así como las operaciones con mercenarios ejecutadas con apoyo extranjero y la continua intromisión extranjera en los asuntos internos de Venezuela.
En su deformada representación de la situación del país, niega también las numerosas investigaciones, imputaciones y acusaciones realizadas por el Ministerio Público contra funcionarios que han cometido violaciones a derechos humanos, así como las condenas dictadas por el Poder Judicial contra muchos de ellos.
Los graves hechos de violencia desatados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio incluyeron, además de la muerte de 27 personas, 2 de ellas funcionarios de la GNB, produjeron 195 personas heridas, de las cuales 97 son funcionarios.
El Ministerio Público contabilizó 486 ataques a instituciones y bienes públicos y privados, entre ellos 75 Centros educativos, 41 Centros de salud, 50 Instalaciones y medios de transporte, 253 Instalaciones de cuerpos de seguridad, 10 Centros electorales, 7 Sedes de instituciones de la Administración Pública, 27 Estatuas y monumentos., 13 Establecimientos comerciales y 10 Sedes de Organizaciones Políticas.
La pretensión de mostrar estos graves hechos de violencia como protesta pacífica habla de la mala intención y falta de escrúpulos de los miembros de la Misión.
Es importante destacar que no existe ninguna denuncia que vincule a funcionarios policiales o militares como responsables de las muertes y personas heridas durante la violencia post electoral. Y de presentarse, será investigada como es práctica cotidiana de nuestra institución.
Finalmente, este grupo que tiene su periodo expirado desde finales del año 2020 y que nunca ha pisado el territorio nacional; insiste en crear falsos escenarios de violación de los Derechos Humanos en nuestro país, mientras desconoce la voluntad del pueblo venezolano, ejercida el 28 de Julio de 2024 y ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Electoral el 22 de agosto del presente año.
Venezuela es un país garantista de los derechos humanos con una Constitución modélica en esa materia y una amplia legislación que los desarrolla.
El Ministerio Público se mantendrá vigilante de resguardar la Paz, la Justicia y los Derechos Humanos en favor de las familias venezolanas.
Caracas, 20 de septiembre de 2024.
Tarek William Saab
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela.
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