La Justicia Especial para la Paz, otro de los engendros de los acuerdos habaneros a los que la mayoría de colombianos les dijo NO en 2016, emitió el comunicado 071 en el que imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general y a varios coroneles y cuboficiales del Ejército.
Lo que dice AcoreE
La Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, Acore, replicó a tal informe con un comunicado corto y sencillo, que pone de manifiesto cómo la JEP, al amparo de su autoridad judicial -uno de los cinco aparatos de justicia existentes en el país- promueve los lemas que desde los sesenta han propalado las organizaciones narcocriminales de las FARC y el ELN. Según la JEP, el Ejército de Colombia ha desarrollado un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. La gravedad de tal aserto reside en la desmotivación que quiere la JEP sembrar en el que ha sido el dique de contención durante más de medio siglo frente a los embates de la extrema izquierda para imponer en Bogotá un gobierno enfusilado. Los fiscales y jueces de esa espuria estructura, no tienen ni remota idea de lo que es una operación militar y mucho menos de lo que sucede en un combate. Académicos ideologizados, lectores ocasionales de manuales militares, argumentan lo que leen en sus cartillas políticas y lo que les cuentan sus amigos. Ni pensar que alguno haya prestado servicio militar, algo indigno según se colige de su comunicado, pero útil cuando se trate de que se les asegure su vida, villa y billetera y las de sus familiares. Ingrato oficio eso de ser soldado en medio de tanto ignorante en asuntos castrenses. Trasplantar a Colombia la práctica militar norteamericana del “bodycount” en Vietnam, es otra de esas fantasías propagandísticas de acusar a los aliados y amigos de Estados Unidos de lo que no es cierto. El Ejército colombiano ganó en el campo de batalla una guerra irregular de las que Estados Unidos no ha ganado ninguna en su historia. Además, aún hoy, en medio del asedio de comunicadores fletados unos e ideologizados otros, las Fuerzas Militares, el Ejército nacional sigue siendo la institución de mayor confiabilidad en el país. Pero la consecuencia mayormente crítica de este comunicado, es la debilitación a la moral y del espíritu de combate que puede llevar a soldados y policías, estos últimos también bajo terrible asedio para cambiarles su naturaleza, a ceder en su empeño de cumplir la noble tarea que les asigna la Constitución.
Si flaquean los militares
Si el Ejército y la Policía Nacional merman su espíritu de combate al ser catalogados todos como miembros de una estructura de asesinos, Colombia descenderá al primitivismo social y serán las tribus urbanas, ahora llamadas primera línea, expresión usada por Fidel Castro en 1948, las que empiecen a gobernar en las ciudades, al mejor estilo de los colectivos chavistas sobre los cuales los ciudadanos venezolanos pueden testimoniar mucho. Se desatará una guerra urbana en la que también entrará en escena la Guardia indígena, una estructura paramilitar que irá a Bogotá el día nacional del 20 de julio, a demostrar por qué es la encargada de la seguridad de los mayores cultivos ilegales de hoja de coca en el mundo.
Otro grupo de militares retirados encabezados por el general Jorge MoraRangel, polémica figura de los acuerdos habaneros, ha emitido un comunicado en el cual advierte graves amenazas y peligros para Colombia. Es un sentimiento generalizado. Se percibe en el ambiente la desazón de los momentos críticos y no es para menos. Un intento de asesinato contra el presidente, la destrucción de una ciudad como Cali y los actos vandálicos en muchas otras ciudades, el entrenamiento de niños en técnicas de combate callejero contra la policía, la connivencia de alcaldes con jóvenes enmascarados que bloquean calles y destruyen bienes públicos y privados, en fin, un inventario continuo de hechos violentos, preocupan y plantean una perspectiva poco halagüeña, más aun cuando la comisión de la CIDH que visitó por una semana el país, ahora avala tales desafueros. Claro, son burócratas que viven en Washington y no tienen que soportar este permanente riesgo.
Un minucioso artículo publicado en el diario El Espectador el martes 6, que relaciona una serie de declaraciones, incidentes y hechos, que prefiguran un panorama de seguridad muy complicado para Colombia y por extensión para la región. Eso de que “la guerra se la vamos a hacer su territorio”, como lo dijo Diosdado apuntando al país neogranadino, es un pronunciamiento irresponsable porque dadas las circunstancias actuales, cualquier eventual conflicto será regional: el sueño dorado del marxista-leninista castro chavismo-madurismo, para ocultar y legalizar todas sus embarradas, pero que se puede transformar en su peor pesadilla.
