La activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida el pasado viernes, fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal segundo contra Terrorismo, junto a varios de sus familiares, también privados de libertad en las últimas horas, informó el fiscal, Tarek William Saab.
En un mensaje en su cuenta de X, el fiscal informó que se encontraba en desarrollo la audiencia de presentación de Rocío San Miguel, de Alejandro José González Canales, expareja de la activista, y otros cuatro ciudadanos cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, los familiares que más temprano la defensa de la activista reportó como desaparecidos.
Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.
Saab aseveró que el Ministerio Público solicitará «medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros».
#AHORA..
En desarrollo audiencia de presentación de 6 ciudadanos: quienes luego de las #investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la Trama Conspirativa denominada #BrazaleteBlanco.
En tal sentido, el @MinpublicoVEN luego de #libradas las…
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 13, 2024
Además, indicó que pedirá también la privación de libertad «preventiva» para González Canales por la «presunta» comisión de los delitos (de) revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Asimismo, solicitará medidas cautelares, «consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa», para las otras cuatro personas.
El fiscal aseguró que los seis detenidos aparecen «presuntamente involucrados» en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era «atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios», y con la cual ya había vinculado a San Miguel cuando confirmó su detención este domingo.
Remarcó que las actuaciones están «dentro de los lapsos legales» y «en estricto apego al respeto de los derechos humanos», pese a que la defensa de la activista denunció la desaparición forzada de San Miguel, que estuvo en paradero desconocido desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, hasta el domingo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes la desaparición forzada de San Miguel y recordó que la activista es beneficiaria de medidas cautelares del organismo.
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