Los 47 países mayores exportadores mundiales han retrocedido en los dos últimos años en la lucha contra la corrupción en las operaciones en el extranjero de sus empresas, alertó este martes un informe de la ONG Transparencia Internacional (TI).

A escala global se ha registrado un «declive continuo» en el combate contra este tipo de corrupción, en el que se incluye por ejemplo el pago de sobornos en el extranjero, y que ha caído a su nivel más bajo desde 2009, cuando la organización con sede en Alemania comenzó a elaborar su informe bianual «Exportando Corrupción».

Mientras que en 2018 un 27 % de los países estudiados aplicaban de forma activa la convención anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre 2020 y 2022 este porcentaje se redujo del 16,5 al 11,8 %, lo que supone una caída del 56 % en cuatro años.

«Los Gobiernos se enfrentan hoy día a muchos retos, desde el auge de la cleptocracia a los desastres climáticos y el caos económico», afirmó la presidenta de TI, Delia Ferrera, indica un comunicado.

No obstante, señaló, no deben perder de vista las redes de corrupción transnacionales, que exacerban estas amenazas y bloquean posibles soluciones al infringir leyes, deshacerse de competidores y absorber recursos del erario público.

En la actualidad solo dos de los 47 países estudiados se mantienen en la categoría de implementación activa de la convención de la OCDE, nacida hace ya 25 años. Se trata de Estados Unidos y de Suiza, que, paradójicamente, se encuentran a la cola en materia de transparencia financiera.

Siete países, responsables del 16,9 % de las exportaciones globales, forman parte de la categoría de «implementación moderada» y 18, a los que corresponden el 15,5 % de las exportaciones, aplican la convención de forma «limitada».

TI destaca también que el 55 % de las exportaciones mundiales en estos momentos proceden de países que no luchan contra la corrupción de sus empresas multinacionales o que apenas lo hacen, entre ellos China, mayor exportador mundial, que no es signatario de la convención de la OCDE y que no dispone de ninguna legislación contra los sobornos en el extranjero.

En este grupo de países se encuentran también naciones como Japón, la India, México o Rusia.

En los dos últimos años solo han «subido» de categoría, intensificando su lucha contra los sobornos en el extranjero, dos naciones, Perú -a «limitada»- y Letonia -a «moderada»-, un progreso que es «alentador», para TI, y muestra el camino a seguir.

Por el contrario en Europa predomina un panorama sombrío y en algunos países, entre ellos España, Italia, Portugal y Suecia, se ha registrado incluso un «abandono brutal» de la causa.

En los dos años transcurridos desde el último informe, estos Estados han pasado de la categoría de «aplicación moderada» a la de «aplicación limitada», mientras que otros países miembros de la Unión Europea (UE), entre ellos Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo, permanecen en la categoría «aplicación inexistente».

Entre los motivos para esta situación, la ONG apunta a que casi en la totalidad de los países evaluados las autoridades policiales y de persecución de delitos económicos y financieros carecen de los recursos necesarios.

A pesar del impacto de la pandemia de covid en todos los ámbitos, incluido el de la lucha contra la corrupción, TI destaca que el declive registrado en su informe comenzó a notarse antes y refleja más bien «una profunda falta de voluntad política».

La ONG destaca además que la mayoría de los grandes exportadores mundiales no disponen de ningún tipo de programa de protección para quienes denuncian presuntos delitos de corrupción internacional.

En el apartado de recomendaciones, TI sugiere que los Gobiernos refuercen los puntos débiles de sus respectivas legislaciones y de sus sistemas de implementación.

Les alienta además a garantizar la transparencia de la información relacionada con la lucha contra este tipo de corrupción, por ejemplo con la creación de una base de datos pública de casos, y les insta a e introducir la práctica de compensar a las víctimas de estos delitos.

«Es hora de reconocer los derechos de las víctimas y desarrollar mecanismos transparentes y capaces de rendir cuentas para compensar a los perjudicados, incluidos Estados extranjeros, empresas competidoras y poblaciones enteras dañadas por los sobornos extranjeras», remachó Gillian Dell, la autora principal del informe.

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