Uno de los vicios que ha afectado el desarrollo venezolano estos últimos 25 años, ha sido la política de centralización implementada desde la presidencia de la república, que ha afectado a regiones, estados y municipios.
 
Desde 1989 año en el cual el presidente Pérez asumió por segunda vez las riendas del país, en Venezuela se inició una apertura hacia las regiones que se manifestó de manera palmaria en la elección por voto popular de las autoridades regionales, municipales y locales. Ello permitió, por ejemplo, observar como en ciudades del país –Maracaibo por ejemplo- se estableció una sana competencia entre gobernación y alcaldía para mejorar la ciudad, impactando positivamente a sus habitantes. Eso se hizo con vista a las regulaciones que la normativa constitucional de la época y la legislación a través de la cual se desarrolló la misma, permitía. Lamentablemente para todos, ese proceso se revirtió.
 
Si bien es cierto que la Constitución de 1999 le establece competencias a gobernaciones y alcaldías, estas no han podido ejecutar las  mismas. Desde Caracas, con la venia del Tribunal Supremo de Justicia, las entidades territoriales venezolanas han sido vaciadas de competencia desde el poder central; sí, ciertamente cada estado tiene su gobernador y cada municipio su alcaldía, pero las posibilidades de manejo por parte de estos funcionarios es mínima visto el centralismo imperante el cual, adicionalmente, se hace mas asfixiante con la creación de la figura de los “protectores”, no contemplada en el texto constitucional y de hecho, violatorio del mismo.
 
Si a eso se suma, no solo las limitaciones presupuestarias evidentes derivada de la situación venezolana, sino también la circunstancia que, desde el primer gobierno del presidente Chávez, se empezó a preparar el presupuesto del país minimizando los ingresos a los fines de remitirle a las regiones la menor cantidad de dinero posible, podrá observarse en toda su dimensión la problemática que describo.
 
Quienes viven en Caracas probablemente no interpretan lo que significa para un habitante de Puerto Píritu, en el estado Anzoátegui, para citar un ejemplo, deba esperar que un funcionario caraqueño resuelva el problema que, por la normativa vigente, debería resolverlo su vecino que despacha desde la alcaldía a media cuadra o en su defecto, un funcionario que labora en el Palacio de los Jardines, sede de la gobernación de ese estado. A ese ciudadano y a todas las personas de esa comunidad, la vida se le hace insostenible solo por el capricho centralista de controlar todo lo que pueda.
Los artículos 164 y 178 de la Constitución establecen las competencias que, a  los estados y municipios le otorgó el constituyente. Esa normativa, como otras tantas, es letra muerta.
 
Solo la habilidad de algunos gobernadores y alcaldes que en determinadas circunscripciones han actuado,  sumado al eventual buen relacionamiento que el mismo tenga a nivel central, ha permitido que algunas entidades territoriales, en algo progresen. Todo eso debe cambiar.
 
Es menester que Venezuela recobre la plena vigencia de la normatividad interna que en el país debe aplicarse; es fundamental que alcaldes y gobernadores reciban del nivel central los recursos a los que constitucionalmente tienen derecho; es imperativo que se les permita ejercer a plenitud las competencias que la normativa vigente les establece, pero también es fundamental que los partidos políticos –todos ellos sin excepción- afinen el ojo respecto de las personas que proponen para dirigir los destinos locales. No necesariamente un magnífico activista, está facultado para administrar recursos públicos. Allí también hay una falencia que debe ser atacada. Dado el estado de cosas en Venezuela, pareciere que es prudente cambiar la forma y manera como actuamos todos para tratar de lograr una respuesta diferente a la que hemos tenido.
 
Venezuela no solo es Caracas, es mucho más que esta y quienes fuera de ella residen aspiran tener una calidad de vida tan buena como la que se pueda tener con los recursos existentes.  
 
@barraplural

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