Residentes de Chalatenango, al norte de El Salvador, rechazaron la militarización de cuatro municipios ubicados al este de ese departamento, ordenada por el presidente Nayib Bukele para supuestamente controlar a la mara (pandilla) 18 Sureños.

Desde el lunes pasado, en el contexto de un régimen de excepción que dura más de dos años, alrededor de 6.000 efectivos entre militares y policías cercaron los municipios Potonico, San Antonio Los Ranchos, San Isidro Labrador y San José Cancasque.

En testimonios ofrecidos a un medio local, residentes que por temor declararon bajo anonimato cuestionaron que Bukele tomó la medida de cercar dichos municipios luego de dos homicidios cometidos la semana pasada en San José Cancasque y Chalatenango (cabecera departamental).

Se preguntaron por qué se puso cerco al primero y, sin embargo, no se brindó el mismo tratamiento al segundo, considerado el segundo municipio a nivel departamental en cuanto a homicidios durante 2020 y 2021.

Según el Instituto de Medicina Legal, Potonico, San Antonio Los Ranchos, San Isidro Labrador y San José Cancasque no reportaron crímenes durante 2020 y 2021. Solo San Isidro Labrador reportó una muerte violenta en 2022.

Habitantes de ese territorio manifestaron: «Tenemos más de siete años sin pandillas en la zona y teníamos muchos años de no reportar hechos de violencia».

Otro habitante valoró que esos municipios llevan años sin presencia de pandilleros. Recordó que allí hubo grupos delincuenciales entre 2009 y 2012, pero se erradicaron gracias a la organización de las comunidades y al trabajo articulado con el Estado salvadoreño, en aquel entonces dirigido por el presidente Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).