El transporte público en Quito, la capital de Ecuador, se ha vuelto uno de los puntos más vigilados por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas tras la declaración por parte del Gobierno del «conflicto armado interno» para combatir la violencia de las mafias del crimen organizado.
Desde primera hora de la mañana los controles se suceden en diversos sectores de las principales ciudades del país, y en la capital los policías y militares revisan tanto vehículos en las principales avenidas como en las estaciones y paradas del transporte público más concurridas.
Fuertemente armados, los uniformados suben a las unidades de transporte y verifican las identidades de los pasajeros a la vez que registran sus pertenencias en búsqueda de cualquier elemento prohibido que pudiera considerarse un arma.
Desde la declaración del «conflicto armado interno» la afluencia de pasajeros en el transporte público ha bajado sensiblemente y las calles lucen más vacías de lo habitual, como si se tratase de un día festivo.
Las clases escolares siguen suspendidas y numerosas empresas han pasado a trabajar de manera remota para evitar los desplazamientos en la vía pública, donde aún persiste el temor ante eventuales nuevas acciones violentas por parte de las bandas de la delincuencia organizada.
«Nos vamos a mantener (atentos) en todo momento, tenemos en todo momento activados los apoyos con el Ejército y la Policía», señaló el coordinador de Seguridad de la Empresa de Pasajeros de Quito, Mauricio Cerón.
Con la declaración del «conflicto armado interno», las bandas criminales han pasado a ser consideradas por el Gobierno ecuatoriano como grupos terroristas y objetivos militares a ser neutralizados.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tomó esta medida tras una jornada de terror vivida el martes y atribuida al crimen organizado que incluyó secuestros y asesinatos de policías, explosiones, vehículos incendiados, el asalto armado a un canal de televisión y motines simultáneos en al menos siete cárceles donde cerca de 180 funcionarios fueron tomados como rehenes.
Los hechos se suscitaron cuando el Gobierno de Noboa se disponía a poner en marcha su plan para recuperar el control de las cárceles ecuatorianas, muchas de ellas dominadas internamente por estos grupos delincuenciales, cuyas rivalidades han dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Esa violencia también se ha trasladado a las calles hasta hacer de Ecuador uno de los países más violentos del mundo con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023, y tras los episodios de esta semana que han dejado por lo menos catorce muertos.
Con información de EFE
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