El sector educativo de Venezuela está en emergencia por una crisis que ha tocado las infraestructuras de las instituciones y el bolsillo de los docentes, administrativos y obreros, quienes siguen esperando que el Estado honre deudas y retribuya con un slario digno.
Por esta razón desde la Federación Venezolana de Maestros (FVM), en la que se agrupan 17 organizaciones de trabajadores del sector educativo, presentaron el 21 de diciembre de 2021 ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación una propuesta de contratación colectiva con 70 cláusulas y beneficios para cada trabajador, que favorecerían a los tres sectores: docentes, administrativos y obreros.
El intento por buscar reivindicaciones no tuvo respuesta, por lo que varios grupos de trabajadores educativos iniciaron el año con manifestaciones de calle desde el pasado 9 de enero, día en el que se debieron retomar las actividades oficialmente.
Recortes y deudas contra los maestros
El profesor Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Lara, reveló que son dos años sin que se firme la contratación colectiva que venció en el 2020. “Ni la parte económica, porque el salario social no existe. El HCM, hospitalización, cirugía y maternidad para los trabajadores obreros, administrativos y docentes, desapareció; el IPASME está prácticamente abandonado”.
“Aparte, cuando pagaron el aumento del decreto presidencial a los trabajadores en marzo del 2022, nos aplanaron los sueldos y las primas fueron eliminadas en un 50%; la prima de profesionalización fue eliminada entre un 30 y 60%. La maestría, el doctorado, las especialidades, prima de antigüedad, pago por niños especiales y las primas de la económica fueron disminuidas”, agregó Arroyo.
De acuerdo con el gremialista, estas disminuciones violan el artículo 89 de la Constitución, que se refiere a que la permanencia y beneficios los derechos son irrenunciables. También mencionó el artículo 91 de la Carta Magna, donde contempla la contratación colectiva, eliminada en el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
En medio de los reclamos se mantiene el silencio gubernamental, por lo que los trabajadores educativos han tomado las calles progresivamente desde octubre de 2021 hasta esta semana que inició el 9 de enero de 2023, cuando se recrudecieron.
En cuanto a la discusión del contrato colectivo, la profesora Laura Igarra, presidenta del Colegio de Licenciados en Educación del estado Lara, recordó que el pasado 21 de noviembre de 2021 “se comenzó la discusión y se ha quedado allí: solo en discusión”.
“No han pedido más reuniones, no se ha llamado a la firma, ni se concreta las 70 cláusulas económicas de la convención colectiva”, dijo.
Igarra aclaró que estaba previsto que se aprobaron las cláusulas generales: “Lo que es concepto colectivo, pero en cuanto a cláusulas socioeconómicas, que son la seguridad social, no las han discutido y tampoco sabemos cuándo las van a firmar”.
Ajustes de salarios pendientes
Algunas de las cláusulas que están plasmadas en la propuesta de contrato colectivo, que debió firmarse en el 2022, incluyen la cancelación de las deudas que va dejando el Estado Venezolano a los trabajadores en el contrato firmado para los años 2018-2020. Entre ellas se encuentra la deuda del 280% de ajuste salarial, acordado en la segunda convención colectiva del 2018, con incidencia y recurrencias.
Los docentes apenas reclaman este 280 por ciento de una deuda que arrastran del 2018. Este ajuste salarial quedó asentado en la cláusula 59 de la convención colectiva docente, firmada en abril de 2018 y se dejó de cumplir en octubre del mismo año.
Sobre esto, se establecían tres ajustes del sueldo básico de los docentes en el 2018: de 100% en abril, 40% en julio y 40% en octubre, pero solo se hizo efectivo hasta julio de ese año. Esta anormalidad se repitió en los años siguientes: no se realizaron los 4 ajustes de salarios.
El Colegio de Profesores de Venezuela denuncia que esta deuda del 280% no ha sido cancelada a los trabajadores, aunque han avizorado que han intentado pagarlos a través de bonos, una iniciativa que rechazan.
Al listado de deudas se suma el pago de fideicomiso a los educadores, beneficio que no se paga desde el 2000, al igual que lo correspondiente a las prestaciones sociales de jubilados y pensionados.
De acuerdo al Colegio de Profesores de Venezuela, el Ministerio de Educación no paga el Seguro Social obligatorio, por lo que aparecen los trabajadores con cero cotizaciones y, al cumplir la edad correspondiente para pensionarse, no aparecen en la página web de esta institución, por lo que no pueden tramitar este beneficio.
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