Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización no gubernamental Provea, aseguró que han recibido denuncias sobre presuntos sitios de detención clandestinos.

Por: El Espectador de Caracas con información de El Nacional

“Hemos recibido denuncias sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes, sobre torturas. También sobre la existencia de sitios de detención clandestinos”, dijo el defensor de derechos humanos en una entrevista en el programa Buenos días, transmitido por VPI TV.

Uzcátegui señaló que a esos sitios los organismos de seguridad del Estado trasladan personas para recluirlas y someterlas a diferentes maltratos. El objetivo, de acuerdo con el sociólogo, es obligarlas para hacer algún tipo de declaración inculpatoria.

“En Venezuela lamentablemente la práctica de la tortura se ha vuelto habitual. Cada vez que una persona es privada de libertad por razones políticas hay unas altísimas probabilidades de que sea sometida a este tipo de prácticas”, manifestó.

Señaló la detención durante el estado de alarma por la pandemia de covid-19 de miembros de organizaciones políticas, doctores y personal de salud por denunciar la crisis hospitalaria, los periodistas, sindicalistas y trabajadores por exigir mejores condiciones laborales y finalmente los activistas y defensores de derechos humanos.

Política de control y amedrentamiento

“Hay allanamientos masivos sin orden judicial y las viviendas sufren de hurtos por parte de los funcionarios que participan en esos operativos. Hay que llamar la tención a la ciudadanía de que esto no es una política de ciudadana, sino una política de control de los territorios, de amedrentamiento de la población para que ejerzan su derecho a la movilización y a la libertad de expresión”, expresó.

Uzcátegui afirmó que los organismos internacionales están muy bien informados sobre la situación. Y recordó que hay dos informes certeros por parte de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, uno de ellos vinculados a la actuación del sistema de justicia en el país.

“Las organizaciones seguimos suministrando información tanto al alto comisionado de derechos humanos, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional para que se avance en la investigación. Porque lo importante para la CPI no solamente son los funcionarios que cometieron violaciones a los derechos humanos, sino también la cadena de mando, quienes dieron las ordenes, quienes toleraron, quienes diseñaron ese tipo de actuaciones”, dijo.