La ONG Una Ventana a la Libertad realizó un informe especial sobre la precaria situación que enfrentan las mujeres que ingresan o quedan embarazadas en prisión.

Este documento, unido a un audiovisual, demuestra la realidad de las privadas de libertad que van a ser madres, es un nuevo llamado al órgano rector con competencia en materia de servicio penitenciario, que hasta ahora no toma los correctivos para evitar que estos hechos se repitan.

El trabajo estuvo a cargo del equipo de investigadores que integra la Unidad Audiovisual de Una Ventana a la Libertad y lleva por título: “Embarazos en prisión: Cuando la maternidad se convierte en adversidad”.

Lo que dice la ley

El Código Orgánico Penitenciario, en el Ordinal 10 del artículo 15, establece que toda mujer que se encuentre detenida, sea cual sea su condición jurídica, debe recibir atención médica especializada durante el período de gestación, parto y lactancia, pero la realidad revela que sucede todo lo contrario.

Los investigadores constataron que dentro de los anexos femeninos de las cárceles y calabozos policiales del país ni siquiera existe un lugar especial para tener a una mujer en estado de gravidez.

En los recintos penitenciarios del país, temporales o definitivos, tampoco tienen un lugar adecuado y aséptico, en el cual se pueda atender un parto, recibir adecuadamente a un recién nacido y mucho menos amamantar a un neonato.

Entregan a sus criaturas

Ante tanta precariedad, hacinamiento e insalubridad, la detenida se ve en la obligación de entregar a su criatura recién nacida a sus familiares más cercanos.

Muchas veces es una abuela, cansada y empobrecida, la que debe asumir la responsabilidad de criar a aquel ser que acaba de llegar al mundo.

De acuerdo a la ley, todos los privados de libertad en Venezuela tienen derecho a la visita conyugal.

Las mujeres detenidas han denunciado que este precepto no se cumple en su caso, sin embargo, algunas de ellas quedan embarazas.

Se presume que los niños (as) son hijos de los hombres presos a su alrededor o de los funcionarios que las custodian.

“Muchas veces acceder a un favor sexual para tener algo de protección, comida, agua, medicamentos, cigarros o una llamada telefónica, tiene sus consecuencias”, contó una detenida.

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