Las próximas elecciones presidenciales portuguesas se celebrarán el 24 de enero próximo, anunció este martes el mandatario saliente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, favorito para unos comicios en que los socialistas (PS), actualmente en el poder, no presentarían un candidato oficial.

El jefe de Estado, de 71 años, tampoco anunció oficialmente si se postulará para un segundo -y último- mandato de cinco años, pero los sondeos revelan que su reelección es casi segura.

De obtener más del 50% de los sufragios el 24 de enero, según prevén las encuestas, este ex profesor de Derecho y ex presidente del Partido Social-Demócrata (PSD, centro-derecha), que se hizo popular comentando noticias políticas en la televisión, sería reelegido en primera vuelta.

Entre los candidatos ya anunciados, la socialista Ana Gomes es segunda en los sondeos, pero no cuenta con el apoyo del primer ministro, Antonio Costa, al que ha criticado en muchas ocasiones.

Recientemente llamado a posicionarse respecto a estas elecciones presidenciales, el PS decidió oficialmente no apoyar a ningún candidato, dejando a sus militantes decidir personalmente.

Ex diplomática y eurodiputada, de 66 años, Gomes se ha convertido en una prominente activista anticorrupción, en particular junto al ‘hacker’ Rui Pinto, quien estuvo detrás de las revelaciones del «Football Leaks» y del «Luanda Leaks», denunciando las derivas en el fútbol internacional y poniendo en tela de juicio el origen de la fortuna de la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos.

Por su parte, el líder del partido antisistema Chega, el diputado André Ventura, de 37 años, espera poder confirmar la progresión de esta nueva formación de derecha populista, que entró al Parlamento durante las legislativas del año pasado.

El Bloque de Izquierda y el Partido Comunista (PC), las dos formaciones izquierdistas anti liberales que permitieron al PS llegar al poder en 2015, presentarán sus propios candidatos.

En Portugal, el presidente de la República es elegido por sufragio universal, pero no tiene ningún poder ejecutivo. No obstante, sus discursos pesan en el debate público y desempeña un papel de árbitro en caso de crisis o de darse un impase político, y dispone de la facultad para disolver la Asamblea y convocar a elecciones legislativas anticipadas