El ministro polaco de Justicia, Adam Bodnar, firmó este viernes la solicitud de adhesión de Polonia a la Fiscalía Europea completando así la primera medida del nuevo Gobierno para reintegrar al sistema jurídico polaco en los organismos internacionales.
Según declaró hoy a la prensa en Varsovia Bodnar, esta decisión pretende «romper el monopolio de poder» que ahora ejerce la judicatura nacional polaca.
Además, supondrá introducir en Polonia el llamado «principio de cooperación reforzada», según el cual un grupo de al menos nueve Estados miembros de la Fiscalía Europea pueden decidir de forma vinculante para el resto la aplicación de cambios legislativos que aún estén en trámite de aprobación por la Unión Europea (UE).
Actualmente, todos los países de la UE están integrados en este organismo, con excepción de Polonia, Hungría, Dinamarca, Irlanda y Suecia.
El anterior Gobierno polaco del ultraconservador Ley y Justicia (PiS) declinó la adhesión de Polonia a la Fiscalía Europea y se negó a cooperar con ella, al considerar que sus competencias eran intrusivas con el ordenamiento jurídico polaco y mermaban la soberanía del país.
Los fiscales de la Fiscalía Europea actúan de manera independiente de los Estados miembros y de las instituciones de la UE y pueden presentar acusaciones ante los tribunales de cualquier país de la Unión.
La Comisión Europea deberá decidir, antes de cuatro meses, si acepta o no la petición polaca, si bien el ministro Bodnar mostró su convicción de que «no habrá ninguna reserva» al respecto.
Por su parte, el ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka, recalcó que el acto de hoy representa un símbolo de lo importante que es para el Gobierno polaco el Estado de derecho, en alusión al curso de confrontación con Bruselas por el Gobierno anterior.
«Es una señal que muestra que queremos que las cuestiones del Estado de derecho sean una prioridad», declaró y señaló que durante los últimos ocho años las tensiones con Bruselas han «debilitado» la posición de Varsovia en la UE.
El primer día tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, el ministro de Justicia solicitó permiso al primer ministro Donald Tusk para tramitar la solicitud de adhesión a la Fiscalía, petición que fue aprobada por el Parlamento y el Senado.
Con información de EFE
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