Según el comunicado oficial de la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela, el gobierno solicitó al Ministerio Público (MP,Fiscalía) procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que “ejercían funciones” en el poder público y que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
En el documento difundido, el cuerpo policial explicó que “ha iniciado -ante la Fiscalía– una solicitud de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
La solicitud, prosigue el texto, responde al “resultado de una investigación profunda, realizada por meses, que apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país”, si bien el escrito no detalla la cantidad de personas señaladas ni sus identidades.
La publicación en redes sociales fue hecha por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.
Sin embargo, las medidas podrían ser consecuencia de una interna dentro del propio gobierno. Es que uno de los detenidos es Joselit Ramírez, quien además de dirgir la Superintendencia Nacional de Criptoactivos era el director del despacho de Tareck El Aissami, el ministro de Petróleos de la dictadura sancionado por narcotráfico por los EEUU.
Además, dos militares vinculados a PDVSA fueron arrestados: el coronel Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos.
Comunicado de la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela
Comunicado de la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela
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