El Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Olivier De Schutter, señaló que la pobreza es una de las causas fundamentales del aumento de la violencia en Ecuador, un «círculo vicioso» puede romperse con mayor inversión en la población y mejores perspectivas para los jóvenes.
Así lo aseveró al finalizar una visita de dos semanas a Ecuador, donde se reunió con el presidente, Guillermo Lasso, con ministros, representantes de organizaciones civiles, indígenas y afroecuatorianas, entre otros.
«La alarma por el reciente aumento del crimen y la violencia en Ecuador, incluido el atroz asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, no debería distraernos de las causas profundas de esta inseguridad», dijo este viernes en una rueda de prensa.
Y apuntó que la «falta de oportunidades laborales y la mala educación han hecho que los jóvenes sean fácilmente reclutados por las bandas criminales».
A su vez, señaló, «estas pandillas están alimentando la pobreza al extorsionar a las pequeñas empresas, apoderarse de las escuelas e interrumpir la educación de niños y niñas, y generar tal miedo y desesperación, que un número creciente de ecuatorianos simplemente están abandonando el país. Este círculo vicioso sólo podrá romperse si el país invierte más en su gente».
Elogió la «generosidad» de Ecuador hacia los refugiados, y en particular hacia el aproximadamente medio millón de ciudadanos provenientes de Venezuela.
También reconoció una serie de logros recientes: una reducción significativa de la desnutrición infantil, el aumento del salario mínimo y la ampliación del presupuesto de protección social de 500 millones de dólares en 2020 a 1.200 millones de dólares en 2023.
Sin embargo, destacó problemas actuales que mantienen a la gente en pobreza, entre los que mencionó una baja calidad en la educación y problemas en la protección social.
Además, expresó su alarma por la brecha urbano-rural en Ecuador, donde mientras que el 38 % de la población vive en pobreza multidimensional a nivel nacional, la tasa es del 70 % en las zonas rurales, en comparación con el 23 % en las zonas urbanas.
Le resulta «revelador» que las tasas de pobreza sean más altas en las provincias de mayor población indígenas.
Anotó que «nunca se debe olvidar que, además del derecho al consentimiento libre, previo e informado a cualquier cambio que afecte sus tierras y territorios, estos grupos también tienen derecho a servicios básicos, sin importar los desafíos o costos logísticos que esto implique».
Con información de EFE
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