El Gobierno peruano confirmó este viernes que España ha suspendido las exportaciones de material antidisturbios al país andino, que vive desde diciembre una ola de protestas en las que han perdido la vida 70 personas.

«Efectivamente, sí, España ha decidido no vender material (gas) lacrimógeno a la Policía Nacional, respetable por cierto», dijo el ministro del Interior, Vicente Romero, en una rueda de prensa en la que afirmó que llamarán «a otras puertas» para comprar este material.

Amnistía Internacional (AI) había solicitado en varias ocasiones al Gobierno español que suspendiera de forma inmediata las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú «como medida cautelar».

Al respecto, Romero aseguró que Perú es un «estado de derecho» y el «país vive en democracia».

«Hay una independencia de poderes y tenemos que ser responsables y respetuosos de que, en algún momento, el Ministerio Público nos alcance resultados de las investigaciones», sostuvo acerca de las pesquisas abiertas por la Fiscalía sobre posibles abusos en la represión de las protestas en las que han muerto 70 personas, según distintas fuentes.

El 10 de enero la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso abrir la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Asimismo, contra Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de ministros; César Cervantes, como exministro del Interior, así como contra su sucesor, Víctor Rojas, quien ocupó el cargo hasta el 13 de enero.

La investigación preliminar es por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho», según precisó el Ministerio Público.

La Fiscalía también ha confirmado que investiga a los militares y policías que intervinieron en la represión de las manifestaciones antigubernamentales del pasado 15 de diciembre en Ayacucho, en el sur del país, cuando murieron diez personas.

El medio IDL Reporteros publicó una reconstrucción de seis de estas muertes mediante cámaras de seguridad, de viviendas y negocios, así como grabaciones de medios de comunicación y testigos, además de testimonios e informes balísticos y médicos.

El resultado de este reportaje es la reconstrucción de la muerte de los ciudadanos aparentemente por disparos de fusiles automáticos Galil, que en Perú solo usan los militares.

Acerca de la suspensión de las exportaciones de España, la presidenta Boluarte dijo que, «para poder desarrollar» a los pueblos de Perú, el Gobierno no necesitarán «más municiones o bombas lacrimógenas», sino «más obras para poder genera bienestar».

El pasado martes, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que las exportaciones de material militar y policial a Perú están suspendidas debido a las protestas.

«En el momento en que empezó esta situación de ruptura, digamos, de conflicto civil, paramos cualquier exportación de material militar y policial a Perú como hacemos siempre», afirmó en la Comisión de Exteriores del Congreso de España.

«Nosotros apoyamos los derechos en todos los países, no hacemos distinción de derechos humanos» entre unos países y otros, apostilló Albares. EFE

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