El Parlamento británico adoptó en la madrugada del martes una controvertida ley sobre inmigración que prevé impedir que los migrantes llegados al Reino Unido de forma ilegal puedan pedir asilo en el país.
El texto es una iniciativa clave para el primer ministro Rishi Sunak (conservador), que se impuso la prioridad de luchar contra la inmigración irregular.
El mandatario prometió «detener» las llegadas de migrantes por el canal de la Mancha, por donde más de 45.000 personas alcanzaron las costas inglesas de forma irregular a bordo de pequeñas embarcaciones en 2022. En lo que va de año, se registraron más de 13.000 llegadas.
La ley provocó numerosas críticas en el Reino Unido y también de organizaciones internacionales como la ONU, que este martes consideró que va en contra del derecho internacional.
La legislación entra «en contradicción» con las obligaciones del Reino Unido respecto al derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados, afirmaron en un comunicado los jefes respectivos de las agencias de la ONU encargadas de esas cuestiones, Volker Türk y Filippo Grandi.
Además de impedir que los migrantes irregulares puedan pedir asilo en el país, el gobierno británico quiere que estos sean rápidamente detenidos y expulsados, ya sea a su país de origen o a otro Estado como Ruanda, vengan de donde vengan.
El año pasado, el Reino Unido alcanzó un acuerdo con Ruanda para enviar allí a migrantes en situación irregular, pero de momento no se ha realizado ninguna expulsión. El primer vuelo en el marco de este pacto, previsto en junio de 2022, fue cancelado a raíz de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
A finales de junio, la justicia declaró ilegal ese proyecto, pero el gobierno anunció que recurriría el fallo.
El proyecto de ley sobre inmigración estuvo bloqueado durante semanas en el Parlamento, pues la Cámara de los Lores pidió numerosas enmiendas, para restringir las detenciones de menores y para evitar formas de esclavitud moderna.
El texto tendrá que ser ratificado por el rey Carlos III para convertirse en ley.
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