Un grupo de parlamentarios alineados con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, pidieron este jueves a la Fiscalía General que investigue posibles fraudes en los comicios ganados por el ahora presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Espectador de Caracas / EFE

La demanda se apoya en un informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996, que jamás han sido objeto de denuncias de fraudes, pero que según Bolsonaro los propician y pudieran haber ocurrido en las elecciones de octubre pasado.

De acuerdo con la fiscalización realizada por los militares en las urnas los días 2 y 30 de octubre, cuando se celebraron la primera y la segunda vuelta de las elecciones, no fue hallado nada que pueda indicar fraudes, pero tampoco puede afirmarse que no ocurrieron.

Según el Ministerio de Defensa, el informe elaborado por sus técnicos «no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas», pese a que señala su «conformidad» con el resultado de las elecciones, ganadas por Lula con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales sobre Bolsonaro.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), por su parte, ya ha puesto un punto final a las polémicas y garantizado que los comicios fueron «limpios y transparentes» y sentenciado que no existen dudas sobre el proceso, que fue avalado por todas las misiones de observadores independientes, tanto nacionales como internacionales.

No obstante, según el senador Luis Carlos Heinze, uno de los promotores de la demanda presentada ante la Fiscalía General, ha sido «un proceso electoral tan conturbado, que dirimir posibles dudas es un deber del Estado».

Bolsonaro, diez días después de las elecciones, todavía no ha terminado de reconocer claramente su derrota, aunque el Gobierno ya lleva adelante, desde la semana pasada, el proceso de transición con el equipo designado por Lula para ese fin.

Aún así, desde el día después de las elecciones, numerosos grupos de ultraderecha insisten, sin prueba alguna, en que la victoria de Lula fue producto de un fraude y siguen acampados a las puertas de cuarteles del Ejército, exigiendo un «golpe militar» que impida la investidura del líder progresista, prevista para el 1 de enero.

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