Oscar Bravo: Mano de hierro: ¿Justicia sin impunidad?

El campo de lo noticioso en las últimas semanas en Venezuela ha estado bien movido y se ha reflejado en importantes impactos emocionales en la ciudadanía en general,

La llamada operación Mano de Hierro, que aplica un lema estratégicamente importante: “caiga quien caiga”, ha ido desmantelando a factores de la delincuencia organizada dedicadas al narcotráfico y al contrabando de gasolina. Han quedado detenidas personas que ocupaban cargos de elección popular, pasando por fiscales públicos y hasta funcionarios policiales. Todas y todos se escudaban en el poder formal de sus cargos para cometer cualquier cantidad de fechorías, para lo cual tienen como supuesta “razón motivacional” la de obtener dinero fácil para la satisfacción individual, ello sin importarles los daños causados a la sociedad y asimismo, por asumir una conducta delictiva, indecorosa y reprochable.

Ahora la ciudadanía en general le está haciendo algunas lecturas al impacto causado por la operación Mano de Hierro, cuando han quedado detenidas personas con jerarquía política que permite realizar una primera aproximación a la realidad social sobre la determinación de combatir a la corrupción en cualquiera de sus modalidades, independientemente de quien sea. No debe haber ni excepciones, ni impunidad y que la sociedad perciba el ataque real a las personas que cometen delitos y acabar con la figura de los protegidos con padrinos.

Las personas están pidiendo que se profundice y se mantenga en el tiempo la operación Mano de Hierro y volcar su mirada hacia las y los integrantes del Parlamento Nacional. Deberían investigar el tren de vida de las y los parlamentarios y constatar la relación que hay entre el cómo viven y cuáles son sus ingresos.

En tal sentido, uno hace la siguiente reflexión: si las diputadas y diputados se convierten desde su juramentación en los representantes del pueblo, ¿los electoras y electoras no deberían saber cuál es el sueldo y otros ingresos que tienen las y los parlamentarios? Esa información debería ser de dominio público y no ser vista como un secreto de Estado.

Hay que revisar en profundidad los niveles de vida y la ética de sus comportamientos.
Politólogo.

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