La ONG de Venezuela VE sin Filtro y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) respaldaron este miércoles el informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien aseguró que las «libertades cívicas siguen restringidas» en el país, pese a reconocer algunas mejoras.
Por: El Espectador de Caracas / EFE
«Desde VE sin Filtro celebramos el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en relación a la libertad de expresión, la libre prensa y la censura en Internet», expresó la organización en su cuenta de Twitter.
Asimismo, exhortó a la comunidad internacional a mantener una vigilancia activa en esta materia para el «sostenimiento de la democracia».
En la misma red social, el SNTP reconoció la importancia en la búsqueda de justicia y en la construcción de las «garantías necesarias para el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión y de información en Venezuela».
La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó el martes que el gobierno venezolano no ha cumplido con «ninguna» de las 43 recomendaciones que la alta comisionada de la ONU hizo desde 2019.
«El Estado venezolano no cumple, en su lugar promueve violaciones de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza», agregó.
34 violaciones de la libertad de expresión
Bachelet dijo este miércoles que las libertades cívicas siguen restringidas, aunque reconoció una serie de mejoras tras la aceptación del gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con su organismo y permitir su trabajo sobre el terreno.
En la presentación de un informe sobre las actividades de su Oficina en Venezuela, Bachelet dijo que entre mayo de 2021 y abril de este año su equipo documentó 166 casos de restricciones indebidas, lo que incluye casos de criminalización y amenazas contra voces disidentes, además de 34 violaciones de la libertad de expresión.
Con respecto a esto último se constataron situaciones de acoso, censura y confiscación de equipos profesionales y el bloqueo de portales web, además del uso de la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado para impedir el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.
