«La realización de una investigación por parte de la CPI y, además, que tenga que asesorar al gobierno venezolano en la materia, lo que hace es ratificar, una vez más, que dentro de Venezuela el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad para generar por sí mismo mecanismos de investigación, de justicia y de no repetición de los hechos», dijo el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.

Por: El Espectador de Caracas con información de El Nacional

En un video colgado en la cuenta de Twitter de la organización, el activista celebró el anuncio de la instalación de una oficina de la CPI, considerándolo «un logro» tanto de las víctimas y sus familiares, que «han brindado su testimonio a pesar de las amenazas», como del «liderazgo social y político» que acudió a instancias internacionales.

Este jueves, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en Caracas que el organismo abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con Nicolás Maduro con quien sostuvo varias reuniones esta semana, en la que viajó al país tras ser invitado por el gobierno.

En este sentido, Uzcátegui insistió en que, aun con la presencia de la CPI y de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los DD HH, seguirán «exigiendo que se permita también la visita de otras importantes instituciones, como la Misión independiente de Determinación de Hechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».

La apertura de una oficina de la CPI en Venezuela «no es nada excepcional»

Por otra parte, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, explicó a Efe que la apertura de esta oficina, si bien «no es nada excepcional», demuestra que «alguien no lo está haciendo bien dentro del sistema de justicia venezolano y que necesita que alguien de afuera le diga qué es lo que tiene que hacer».

Resaltó la contradicción que muestra el gobierno al aceptar una sede de la CPI mientras dice que «en Venezuela se hace justicia» y «vota en contra de investigar crímenes de lesa humanidad», como ocurrió ayer al oponerse a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que plantea una rendición de cuentas de Nicaragua por la violencia desatada en las protestas de 2018.

El activista agregó que «llama mucho la atención» que no se haya notificado a las víctimas, sus familiares y a la sociedad civil de la visita de Khan al país.

«El fiscal está en libertad de no hacerlo, pero hay que decir, claramente, que las víctimas están esperando realizar algún encuentro con el fiscal o con sus representantes, y esperemos que eso ocurra en el corto plazo», manifestó.