33 exfuncionarios, contratistas y asesores de la Agencia Estatal de Infraestructura de Colombia acaban de ser acusados penalmente por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación conducida por este ente, que involucra a la constructora Odebrecht con contratos de obras públicas adjudicadas luego de licitaciones públicas fraudulentas. En el mismo acto la Fiscalía también acusó de lavado de dinero y asociación ilícita a más de 25 ex altos ejecutivos de Odebrecht en Brasil, así como a contratistas y cabilderos que participaron en estas adjudicaciones.
El caso no es nuevo y data de una buena cantidad de años, pero en la mayor parte de los países los delitos contra la cosa pública no están sujetos a prescripción. De hecho, la empresa había admitido en el año 2017 su actuación a través de sobornos para amañar contrataciones públicas en unos cuantos países de la subregión. En este sonadísimo caso de espectro internacional, las autoridades de Estados Unidos y Suiza actuaron diligentemente para aclarar los hechos. El Departamento de Justicia fue el que determinó que habían sido pagados irregularmente durante 2 décadas cerca de 800 millones de dólares en sobornos y coimas en 14 países –11 de ellos latinoamericanos- y, luego de intensas pesquisas y negociaciones, lograron que la empresa acordara con algunos países distintas formas de compensación y consiguieron que la misma se adhiriera a las normas internacionales imperantes en materia de corrupción.
Este crítico asunto, aunque lleva años en la palestra pública, ha adquirido una importancia sustantiva en el país vecino. El entramado de corruptelas que se ha hecho público desde esta semana salpica no solo a funcionarios y a sus contrapartes privadas en un conjunto inmenso de transacciones estatales de envergadura. Grupos económicos privados de gran tamaño se verán de nuevo obligados a presentarse a rendir declaraciones y a demostrar su inocencia en un sinnúmero de contrataciones.
Además, uno de los hechos más notorios de este nuevo y turbulento episodio colombiano es que por primera vez se da a conocer el monto exacto de los recursos de la firma brasileña que habrían permeado las campañas de Juan Manuel Santos y de su rival Oscar Iván Zuloaga en el año 2014. En la rueda de prensa de Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y coordinador de las investigaciones sobre la trama de corrupción, el funcionario presentó los números. De acuerdo con sus aseveraciones, “las pesquisas de inteligencia financiera” han concluido que la campaña de Santos habría recibido de estas fuentes ilegítimas cerca de 2 millones de dólares en pesos del momento y la de Zuloaga cerca de 1,5 millones de dólares.
En los medios internacionales se ha comentado insistentemente hasta el presente el hecho de que en Colombia había habido pocos resultados en torno a los delitos de Odebrecht que había sido resuelto en otros países a través de sanciones, prisión y acuerdos de toda naturaleza. Este nuevo movimiento de ente acusador es testimonio y evidencia de que, a pesar de los años transcurridos, la justicia en Colombia se mantiene alerta y cumple su función.
Solo a título informativo, recordemos a nuestros lectores que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela también estuvo en la lista de países vinculados con los delitos de Odebrecht, solo que en el caso venezolano los sobornos recibidos entre 2006 y 2015 fueron los más altos de todos: 98 millones de dólares. Los dineros calientes fueron útiles en Venezuela para conseguir de autoridades, políticos y funcionarios la adjudicación de numerosas obras que aún hoy siguen paralizadas, pero especialmente fueron destinados a financiar la campaña de Hugo Chávez Frías en los momentos en que Nicolás Maduro actuaba como canciller.
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