Juan Almeida, alias “N33″, conocido como el “hacker” de Tareck El Aissami y uno de los arrestados por la trama de corrupción que salpica a la petrolera estaral venezolana PDVSA, murió en su residencia en Maracay, estado Aragua.

La información la dio a conocer el fiscal general del gobierno, Tarek William Saab, quien expresó en Twitter: “El Ministerio Público informa el fallecimiento del ciudadano Juan Almeida quien sufría -desde hace tiempo- de una enfermedad terminal diagnosticada como cirrosis hepática: al momento de su deceso, se encontraba en su residencia luego de serle otorgada la medida humanitaria de arresto domiciliario, en razón de ser uno de los investigados por la trama PDVSA/Cripto”.

Según consigna el medio local Efecto Cocuyo, Almeida, junto a sus hermanos Carlos Almeida Morgado y Jorge Almeida Morgado; era señalado de ser “operador tecnológico” de la trama de corrupción en la petrolera, que la Fiscalía denomina “PDVSA-Cripto”.

Almeida es el segundo de los arrestados en el marco de la trama de corrupción en PDVSA que muere bajo custodia de las autoridades venezolanas. El primero fue Leoner Azuaje, quien el 20 de abril presuntamente se habría quitado la vida mientras estaba recluido en la sede del Sebin en El Helicoide.

Juan Almeida fue detenido el pasado 5 de abril durante un allanamiento realizado a su residencia por funcionarios de la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC). Sus hermanos, los mencionados Jorge y Carlos, también fueron arrestados.

El medio EVTV publicó -tomando el análisis del consultor político Gustavo Azócar– que Juan Almeida tenía la capacidad de ingresar, boicotear y clonar las redes sociales de muchos comunicadores y, sobre todo, de personas “a las que El Aissami quería espiar o saber en qué pasos andaba”. Es por esa razón que se lo conocía como el “hacker de El Aissami”.

A mediados de febrero de 2020 el entonces vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, recibió la orden presidencial de ponerse al frente de un equipo cuyo objetivo era reestructurar a Petróleos de Venezuela. Una de las primeras decisiones que tomaron fue sentar al teniente coronel Antonio Pérez Suárez en la silla de mando del departamento de comercio y suministro de la petrolera. Sin duda, una entrada por la puerta grande a una industria que desconocía por completo.

Finalizando ese mes, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, ambos directivos de operaciones de comercio y suministro, salieron esposados de la empresa, tras una revisión a los libros de contabilidad. Tres años después, le tocó el turno a Pérez Suárez, quien fue exhibido en uniforme anaranjado junto a otros detenidos –Hugbel Roa y Joselit Ramírez, entre ellos- en esto que se ha denominado la trama PDVSA-Cripto.

La ONG Control Ciudadano estima que al menos 42% de las instituciones gubernamentales venezolanas están en manos de militares, de modo que podría decirse que el nombramiento de Pérez Suárez era parte del paisaje habitual.

Egresado de la Academia Militar en 1999 –la primera promoción de la revolución-, Pérez Suárez esperó con paciencia su arribo a la administración pública. Al asumir la presidencia en 2013, Nicolás Maduro quiso tenerlo cerca: en julio de ese año lo designó director de la Fundación de Atención al Pueblo Soberano, un ente adscrito a la Presidencia de la República.

Y a partir de ahí, no paró de acumular cargos… Tantos que en algún momento tuvo cuatro en simultáneo. Pérez Suárez recibió 18 nombramientos en 14 puestos de la administración pública. Entre otros, fue presidente de Venirauto, de Venezuela Productiva, de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista, de la Corporación Socialista del Sector Automotor y de la Corporación Socialista de Cemento. Fue también viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras. A finales del año 2019, su nombre apareció vinculado al de Robert Krick Guerra García, quien era el jefe del Cuartel General de la División de Contrainteligencia Militar: ambos habrían estado desviando al mercado negro electrodomésticos del programa “Mi casa bien equipada”.

Esa mancha en su historial no fue un obstáculo para la “Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Alí Rodríguez Araque” que en 2020 le otorgó la responsabilidad de las ventas, exportaciones y contratos de Pdvsa.

Hasta que el 21 de marzo de 2023 explotó la bomba: ese día la agencia Reuters reveló que en la contabilidad de Pdvsa había al menos 21 mil millones de dólares en cuentas por cobrar, un enorme hueco dejado durante los últimos tres años por la comercialización de crudo a través de intermediarios que entraron al negocio como una alternativa para esquivar las sanciones que pesan sobre la estatal petrolera.

El despacho de Reuters asegura que Tareck El Aissami ofreció colaborar con la investigación tras presentar su renuncia a Nicolás Maduro. Y en ese proceso, cayó Pérez Suárez.

El dinero de Pdvsa, hasta donde se sabe, no aparece.

¿Cómo pudo cometerse este gigantesco desfalco? Pérez Suárez aparece como hombre clave del engranaje. Hasta el fiscal Tarek William Saab lo ha señalado como “jefe principal de la estructura de corrupción”.

Compradores internacionales y agentes locales formaron parte del esquema liderado por el militar y a través de ellos se cerraron las ventas de crudo a los compradores finales en el mercado global.

Y aquí entran en escena las firmas HC Commodities PTE Ltd y HAC Consulting PTE Ltd, dirigidas por Ben Waters.  Ambas empresas fueron registradas en Singapur. HAC Consulting con fecha de octubre de 2020 y HC Commodities en junio de 2022. Y las dos tienen sede en la misma dirección: Guthrie House 1 Fifth Avenue, #0205.

Benjamin Waters –o Ben Waters- es un ciudadano inglés que figura como director de HAC Consulting y que es conocido en el entrono íntimo de Pdvsa por ser quizás el principal intermediario en el esquema que ha desfalcado a la estatal venezolana. De hecho, en casi la totalidad de las operaciones urdidas por Pérez Suárez y United Ptroleo Corp utilizaron como comprador y negociador a la empresa dirigida por Waters, que a su vez se vale de bufetes internacionales para legitimar los fondos manejados en el sistema financiero, como Oon & Bazul LLP, también asentado en Singapur.

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