El Ministerio Público designó este jueves a los fiscales 50 y 67 a nivel nacional para investigar el supuesto suicidio de Leoner Azuaje Urrea, uno de los detenidos en los operativos anticorrupción de las últimas semanas en Venezuela.

La información fue confirmada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en una mensaje publicado en Twitter al informar del fallecimiento.

Azuaje Urrea, de 39 años de edad, fue presentado ante un tribunal la madrugada del miércoles por acusaciones de corrupción en la estatal Cartones de Venezuela, en el marco de operaciones contra la corrupción iniciadas el mes pasado.

Junto a él también fueron presentados el ex vicepresidente ejecutivo de la estatal Pdvsa, Ysmel Serrano, y Salem Hassoun Atrach, presuntamente vinculado al caso de Pdvsa y de la Superintendencia de Criptoactivos.

Azuaje Urrea estaba recluido en los calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas.

La fiscalía y la policía científica adelantan «la inspección técnica, las entrevistas y (la) autopsia de ley», apuntó Saab.

Más de 60 detenindos

De acuerdo con el más reciente balance ofrecido por Saab, durante las investigaciones de corrupción en el país se han realizado 61 arrestos y 172 allanamientos. Quedan por concretarse, de acuerdo con ese conteo, 20 órdenes de captura.

Analistas coinciden al considerar estas operaciones como «una purga política» en el chavismo gobernante, en el que según la politóloga Ana Milagros Parra «la corrupción ha sido sistemática», reseñó AFP.

ONG exigen «investigación objetiva»

Provea, a través de Twitter, exigió «una investigación independiente sobre esta lamentable muerte», con el fin de identificar a «los responsables».

A juicio de esta ONG, el «presunto ‘suicidio’ de Leoner Azuaje Urrea demuestra que, en Venezuela, persisten condiciones de reclusión que no garantizan la integridad y la vida de personas bajo custodia del Estado».

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó, en la misma red social, que es «indispensable, en estos casos, una investigación objetiva».

«Toda muerte potencialmente ilícita de una persona bajo custodia del Estado debería ser investigada», dijo el abogado venezolano.

Con información de El Nacional

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