En un ensayo publicado en la revista Claves (España, número de 267, 2019) el periodista y ensayista Adam Michnik cuenta que en la sala de redacción del periódico ruso Novaya Gazeta, “diario de los círculos democráticos, luce una larga fila de retratos de eminentes corresponsales y colaboradores del medio que han sido asesinados”. Allí trabajaba, por ejemplo, la periodista Anna Politkovskaya: el 7 de octubre de 2006, en el ascensor de su casa le dieron cuatro tiros a quemarropa y acabaron con su vida. Un intento previo de asesinato, con el recurso favorito del poder ruso, el envenenamiento, no funcionó. La habían amenazado una y otra vez.
Tenía 48 años y varios libros publicados sobre la guerra sucia de los rusos contra los chechenos, y uno sobre el estado de las cosas en la Rusia de Putin. En 1999, antes y durante lo que se conoce como la “segunda guerra chechena”, Politkovskaya viajó 99 veces a Chechenia para conocer de primera mano los testimonios sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por unas fuerzas militares, cuya superioridad sobre los chechenos era apabullante y desproporcionada.
Así, cuando fue evidente que Politkovskaya no dejaría de hacer su trabajo, la asesinaron. Con total descaro. Y, a continuación, ante la imposibilidad de negar lo evidente, la maniobra comunicacional del régimen ha consistido, desde entonces hasta ahora, en circular una conclusión, destilado de su más puro cinismo: ella se lo buscó por andar husmeando en temas que deberían ser secreto de Estado. Asesinaron a Politkovskaya para advertir al resto de sus colegas: el que intente cruzar la línea hacia la verdad puede ser envenenado o baleado.
Dmitry Muratov, uno de los fundadores de Novaya Gazeta en 1993 y su director actual, ha sido reconocido con el premio Nobel de la Paz 2021, compartido con la periodista filipina, María Ressa. Ha visto morir a varios de sus colegas y colaboradores a partir de 2001. Es decir, dos años después de que Vladimir Putin tomara el poder, en 1999. Apenas se ha comentado que uno de los propietarios de Novaya Gazeta es Mijail Gorbachov, expresidente de Rusia, que también fue distinguido con el Nobel de la Paz en 1990.
A medida que la estadía de Putin en el poder de Rusia se prolonga, como ocurre siempre con todos los autoritarismos (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bielorrusia y China son ejemplos de esto) el ejercicio diario de informar se ha vuelto cada día más riesgoso. A reporteros y medios de comunicación se les reprime abiertamente. Los organismos policiales al servicio del dictador realizan redadas, someten a los periodistas a procesos judiciales y, como resultado de la conspiración de varios organismos del Estado, se les aplica la misma acusación que se formula contra los políticos de la oposición: la de ser agentes extranjeros. Varios medios internacionales lo han denunciado: hay un registro, al que se incorporan nombres, sin que ocurra notificación alguna. La condición de “agente extranjero” abre las compuertas para la persecución con todos los recursos disponibles para el poder.
El nombre de María Ressa no es nuevo para los ciudadanos del mundo interesados en la libertad de expresión. En 2018 fue reconocida por la revista Time como una “guardiana de la verdad”; ese mismo año se le concedió el Golden Pen of Freedom Award, que otorga la Asociación Mundial de Diarios; en 2021 recibió el Premio Mundial de la Libertad de Prensa/Guillermo Cano, que otorga la Unesco; y ahora este nuevo reconocimiento, el premio Nobel de la Paz 2021.
Ressa fue una de las fundadoras del portal informativo Rappler, en 2012. Desde el primer momento destacó como un lugar especializado en periodismo de investigación. Desde que Rodrigo Duterte accediera al poder en 2016, y particularmente, desde que iniciara la guerra contra las drogas, la política policial y militar prolongada, en la que han sido asesinados miles y miles de personas en operativos sin control, de violencia ilimitada: ejecuciones sumarias, torturas y destrucción de bienes que se realizan violando leyes y derechos humanos, y bajo condiciones de total impunidad. Ressa fue quien denunció, con pruebas irrefutables, cómo los cuerpos policiales filipinos han contratado sicarios para eliminar a consumidores de drogas. Y fue Ressa quien, en una entrevista que le hizo a Duterte en 2015, logró que este confesara que había matado a tres personas. En Rappler el lector puede encontrar una sección, una de las principales del portal, Armario Duterte, que hace un seguimiento diario a las decisiones, declaraciones y desmanes del gobernante filipino.
Lo fundamental de la decisión tomada por la Academia Sueca es que pone de relieve los profundos vínculos que existen entre la verdad y el objetivo de la paz. Las sociedades no logran alcanzar niveles básicos de estabilidad política; no pueden fortalecer sus instituciones; y fracasan en sus esfuerzos por erradicar la corrupción e imponer condiciones de transparencia para el ejercicio de los asuntos públicos, si los hechos que violan la ley y afectan los intereses de los ciudadanos no son conocidos y castigados. Y para ello, huelga decirlo, hacen falta periodistas y medios de comunicación firmes e independientes.
