El pasado viernes 30 de junio, el régimen de Nicolás Maduro hizo pública la pretensión de neutralizar a la precandidata María Corina Machado a través de la imposición de “una inhabilitación política en una forma inconstitucional, ilegal, rústica, burda, tosca, ruda, bruta, grosera, basta, inculta, ignorante, ignara, iletrada e indocta”, según escrito del Dr. Allan R. Brewer-Carías.

Asimismo, apunta el doctor en Derecho y exministro que el oficio firmado por un funcionario subalterno de la Contraloría General de la República no es sino una ilegal “certificación de mera relación”. Y, además, señala que la práctica de inhabilitación dictadas por la CGR es “una sanción de carácter inconstitucional y contraria a los estándares internacionales sobre derechos humanos” porque “el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido mediante sentencia judicial firme”.

Por otro lado, el presidente de Colombia -a quien el exvicepresidente de esa nación Francisco Santos ha llamado “el canciller de Maduro”- rechazó inmediatamente la sanción. “Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano”, escribió en su cuenta de Twitter. Y en este sentido, la comunidad internacional (líderes y organizaciones) democrática ha respondido con contundencia sobre la violación de los derechos políticos de María Corina.

Algunos dirigentes y analistas creen que la medida contra la líder de Vente Venezuela corresponde al manual aplicado en Nicaragua por Daniel Ortega en la elección presidencial de 2021.

Sin embargo, no parece que este fuese el caso. La inhabilitación de María Corina no afecta su participación en la elección del 22 de octubre, según el comunicado de la Comisión Nacional de Primaria. Entonces, ¿cuál es la intención del régimen al tratar de neutralizarla en este momento? Más bien, la convirtió en la principal líder de la oposición al haber atentado contra sus derechos políticos.

Si las encuestas le daban una clara victoria en la elección primaria antes del 30 de junio, porque es la esperanza para un país cansado de tanto ultraje a su futuro socioeconómico –sobre todo en el mitin de Socopó, estado Barinas (la tierra santa del chavismo), donde mostró la tendencia arrolladora de su candidatura–, ahora se ha convertido en la líder imbatible al victimizarla. Todos los dirigentes de oposición se solidarizaron con su causa.

En este nuevo ciclo político de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina es su símbolo de lucha. A tal punto que la influyente revista británica The Economist tituló en su última edición: “Si las elecciones en Venezuela fueran justas, sería María Corina la favorita”.

Por lo tanto, el régimen de Maduro ataca su liderazgo con la inhabilitación como una manera de frustrar la esperanza de un pueblo que no quiere seguir cohabitando con el madurismo. Cree que, con la acción inconstitucional, la masiva participación popular mermará en sus mítines. Algo poco probable, pues se ha generado una conexión emocional de María Corina con el visceral descontento que mueve a los sectores populares.

Entonces, la “inhabilitación” de María Corina aplica para la elección presidencial de 2024 –usualmente, el primer domingo de diciembre– pues para las primarias del 22-O el impacto es nulo.

Fue la primera agresión directa. Las siguientes apuntan a su entorno para aislarla, buscando convertirla en tóxica.

Es el patrón ejecutado en las amenazas anteriores. Le sucedió a Juan Guaidó (interinato), Henrique Capriles (elección 2013 y referéndum revocatorio 2016), Carlos Ocariz (mesa de diálogo 2016), entre otros.

Maneja el amedrentamiento, a través de la Guardia o Policía Nacional Bolivariana y el Seniat -según el caso-, a los dueños de los activos que prestan el apoyo logístico para los encuentros con los seguidores (carros, hoteles, restaurantes, posadas, equipos de sonidos). En algunos casos confiscan o se roban los bienes. Asimismo, emplea el hackeo de los sistemas y aparatos para obtener la información individual de los colaboradores cercanos con el fin de atacar la moral del líder y la de su equipo. Igualmente, amenaza o retiene parte de su entorno para aislarlo. En otros casos, miembros del equipo son encarcelados y torturados. Y, en última instancia, confina al líder para neutralizarlo.

Si Maduro continúa aplicando las prácticas represivas contra María Corina reproducirá el escenario político de 2019, cuando la legitimidad de origen de la presidencia no fue reconocida y se constituyó el interinato. En consecuencia, fue aislado y sancionado por varias decenas de gobiernos democráticos y organizaciones multilaterales.

Hoy su situación es más difícil. Depende de la gigante petrolera Chevron -opera con licencia bajo el régimen de sanciones estadounidenses- para seguir recuperando la producción de petróleo y por ende los ingresos de divisas por las exportaciones, equivalentes a 30% de los dólares recibidos por este concepto. Un aspecto clave para el control de la devaluación e inflación en el próximo semestre y a lo largo del año electoral 2024 porque le permitirá al Estado intervenir en el mercado cambiario.

Ante este escenario, la habilitación de María Corina se convierte en un factor clave para una negociación con la administración Biden. El próximo año podría incluir desde la liberación de Alex Saab hasta la flexibilización de las sanciones económicas para tener acceso a ingresos en dólares.

Un escenario en el que Maduro se volvería competitivo electoralmente porque podría fortalecer los mecanismos de control social a través de las bolsas de comidas, un incremento del salario mínimo y el financiamiento de los colectivos paramilitares, entre otros.

Por lo tanto, con la inhabilitación de María Corina lo que tratan es de detener su crecimiento electoral en 2023, a la vez que tener una ventaja frente a la administración Biden en una eventual negociación sobre las presidenciales del próximo año.

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