El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva lanzará un programa social con ayudas económicas a las familias vulnerables que trabajan en la conservación de la selva amazónica.

Un programa similar fue derogado por el anterior presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

El programa, llamado ‘Bolsa Verde’, una versión ambiental del popular ‘Bolsa Familia’, será implementado en 30.000 familias de la Amazonía brasileña, pero la intención del gobierno es ampliarlo a otros biomas, como el Cerrado (la sabana brasileña) o la Mata Atlántica, todos amenazados por deforestación y otros crímenes ambientales.

«Estas familias recibirán ayudas del Estado como pago por los servicios que prestan para la protección del medio ambiente. Alrededor del 80 % de los bosques protegidos del mundo están bajo el control de estas comunidades tradicionales. Esto tiene que ver con el reconocimiento del papel que juegan estas comunidades en mantener preservados los servicios ecosistémicos», dijo al anunciar el programa la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

El gobierno no detalló el monto del subsidio ni cuándo será lanzado el programa, que estará centrado inicialmente en las familias de las comunidades tradicionales extractivistas, que viven de la selva sin talar árboles y que se dedican a la recolección de frutos o de plantas para darles un uso medicinal. 

Deforestación cero hasta 2030

Esta acción se enmarca en las medidas anunciadas el pasado lunes por Lula para cumplir su promesa de eliminar la deforestación hasta 2030. La política incluye la creación de nuevas áreas de protección ambiental y contempla la posibilidad que sean embargadas el 50 % de las tierras deforestadas ilegalmente.

Además de devolverle recursos retiradas por la administración de Bolsonaro a las agencias estatales de control ambiental, Lula retomó entre otras cosas la demarcación de tierras para los indígenas, considerados los mejores ‘guardianes de la selva’.

Recientes derrotas para Lula

Pero los planes ambientalistas del mandatario sufrieron varios reveses recientes en un Congreso dominado por fuerzas conservadoras, con mucho peso de la bancada del poderoso sector del agronegocio, un fuerte aliado del bolsonarismo.

La semana pasada, los legisladores aprobaron quitarle competencias esenciales a las carteras de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas.

A la primera cartera le fue suprimida la gestión del catastro, donde deben registrarse todas las propiedades rurales y que sirve para mapear las invasiones de tierra y el control de las áreas deforestadas.

A la segunda, se la despojó del poder de demarcar las tierras de los pueblos originarios para pasar la competencia a la cartera de Justicia.

Los diputados también aprobaron un polémico proyecto de ley que fija la tesis de ‘marco temporal’, que determina que los pueblos ancestrales sean expulsados si no demuestran que se encontraban en su territorio antes de 1988.

El texto está pendiente de aprobación en el Senado. Un importante juicio sobre esa tesis debe ser retomado este miércoles por el Supremo Tribunal Federal (STF), cuyo fallo impactará en centenares de tierras indígenas pendientes de demarcación. 

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